Aerocas recurre a Tragsa por su caos administrativo

Aerocas, la empresa pública que se encarga de la gestión de aeropuerto de Castellón, ha recurrido a la filial tecnológica de la entidad pública del Gobierno central, Tragsa, para poner fin en el caos administrativo que la Intervención de la Generalitat desveló en su último informe. La entidad pública del Gobierno valenciano, actualmente dirigida por Blanca Marín, ha encargado a Tragsatec el apoyo técnico administrativo al servicio de contratación por algo más de 125.000 euros para que trate de subsanar los problemas detectados por el órgano auditor de la Generalitat, en el último informe de la Cuenta general de 2019.

Aerocas recurre también a Tragsa, la navaja suiza de las administraciones públicas para este cometido. La Intervención hizo el pasado diciembre una enmienda a la totalidad en la gestión de la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón. Aerocas, la mercantil desde la que se dirige el aeródromo presentó irregularidades en la política de contratación y la de personal, según evidenció el auditor respecto a las cuentas de 2019, el último ejercicio inspeccionado. En concreto, la política de personal recibió una valoración desfavorable, el apercibimiento más severo de la Intervención, porque según explicaron los auditores, la gestión económico financiera llevada a cabo por el anterior gestor "no se ajusta a la normativa aplicable".

La empresa del aeropuerto de Castellón, gestionada ahora directamente por la Generalitat, no disponía de masa salarial autorizada, ni relación de puestos de trabajo publicada. Además, suscribió un seguro de responsabilidad civil que supuso un incremento de masa salarial no aprobado por presupuestos. Pero lo más grave llega con los cobros de dietas y gastos de alojamiento de los consejeros. Intervención detectó el pago de cuantías superiores a las fijadas legalmente para los empleados públicos sin que exista previa justificación expresa del motivo para su pago.

Pero, los reparos no acabaron ahí. El interventor puso la lupa sobre la subrogación del personal de la empresa Edeis, anterior concesionaria del aeropuerto, y recuerda que el proceso no se ajusta a la ley, ya que algunos trabajadores quedaron fuera y otros no se subrogaron en las mismas condiciones que el resto del acuerdo. Por tanto, Aerocas ha incumplido un acuerdo del Consell.

Los contratos menores también se llevaron un tirón de orejas. Dijo la Intervención que en algunos casos la empresa definió el valor estimado del contrato en función de los umbrales de contratación. Es decir, lo adaptó al límite del menor, fijado en 15.000 euros para servicios y 40.000 euros para obras.