Agencia Antifraude, pero no antifugas

valenciA. La Agencia Valenciana Antifraude registra dos nuevas bajas. Un par de salidas que no suponen una novedad en el organismo, que debería estar integrado por casi cuarenta personas pero que nunca, desde que se puso en marcha, ha logrado estabilidad en su equipo. La ley que permitió poner en marcha el organismo se aprobó en noviembre de 2016. El director tomó posesión del cargo el 30 de junio de 2017, y desde entonces, Joan Llinares no logra dar con la tecla para consolidar la plantilla. Dos personas dejan ahora sus puestos, uno de ellos, Francesc Botella, técnico en el Departamento de Formación de la Agencia, muy cercano a Llinares, un fichaje que se incorporó al organismo desde febrero de 2018, en sus inicios, mientras que la otra persona es una administrativa. Además, parece inminente otro par de abandonos por la finalización de los dos años de comisión de servicios. LAS PROVINCIAS ha intentado contactar con Llinares sin éxito para recoger su explicación sobre estas nuevas fugas.

Llinares sabe que maneja una plantilla inestable. «Las exigencias, dedicación y rigor exigible en el funcionamiento de la agencia no son fáciles de llevar en nuestra tradicional cultura funcionarial», señaló a finales de noviembre, cuando ya había acumulado una decena de salidas en la agencia, que cuenta con una relación de puestos de trabajo de 37 personas. Con las nuevas renuncias, ya son una docena los que dicen adiós. La carga de trabajo, la falta de medios y la forma de trabajar de Llinares parecen ser los factores que generan inestabilidad en el organismo, cuya sede está en unas dependencias por las que pagan 10.000 euros al mes a una empresa del diputado nacional de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

El trasiego de la agencia ha intentado paliarse, por parte de Llinares, buscando ayuda a través de los partidos valencianos. Sin éxito. El máximo responsable de la agencia remitió el pasado 4 de noviembre a la Mesa de Les Corts un informe en el que sugería cambios a través de la Ley de Acompañamiento y la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2020. Antifraude quería mejorar sus estatus, su interlocución con el Consell, la situación de sus funcionarios y sus competencias en cuanto a la contratación. Nadie, ningún grupo parlamentario, hizo suyas las demandas de Llinares.

El goteo permanente de bajas, debido a los motivos más variados, y las justificaciones ofrecidas por su director, han acabado provocando que la entidad adscrita a Les Corts -y que Llinares defiende que sea considerada como órgano estatutario- no logre consolidarse. «Se habla más de ella por las bajas que sufre que por sus investigaciones», lamenta una fuente parlamentaria.

El Diario Oficial de la Generalitat publicó esta semana un nuevo ejemplo de esa interinidad. Una resolución por que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de cinco puestos a los que podrán optar quienes cumplan la condición de ser funcionario, la clave que provoca que sus empleados estén dispuestos a abandonar su puesto, por la facilidad para regresar a su plaza de origen.

El último director de Investigación de Antifraude fue Marcial González, un oficial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una de las razones que aceleró la llegada de González fue la investigación abierta por el caso Zaplana, pero dejó el puesto por problemas burocráticos. El responsable de Antifraude, Joan Llinares, apuntó que la condición de agente perjudicó a su anterior responsable de investigación. Este parece un puesto maldito. El primer jefe fue el abogado de la Generalitat, Miguel Ángel Cervera. Su salida fue traumática. Era el profesional de la Abogacía que más casos de corrupción había llevado. A los seis meses presentó su renuncia. Marcial González, su sustituto, también. Antifraude busca a su tercer jefe de investigación en poco más de dos años .

Hace apenas dos semanas, José Vicente Martínez abandonó Antifraude apenas seis meses después de que se hiciera con la plaza por libre designación.