La Agencia Antifraude empieza a buscar personal sin tener aún sede

La Agencia Antifraude resulta, sin duda, el proyecto estrella de Podemos para esta legislatura. La formación morada quería 'vender' su lucha contra la corrupción con la creación de una entidad que, desde dentro de la propia Administración, combatiera las prácticas irregulares. El organismo va cumpliendo plazos y esta semana, con el arranque del curso político, está previsto que se publiquen en el DOGV la convocatoria de las plazas, algo menos de una treintena de puestos.

La idea es disponer de una plantilla con un alto nivel de cualificación como, por ejemplo, profesionales de la Sindicatura, inspectores de Hacienda o interventores de Ayuntamientos. Por ley, sólo los funcionarios de carrera podrán integrar este organismo. Ni siquiera pueden ser interinos. Habrá que ver quién decide dar el paso a una entidad que arranca y que supondrá, como todo lo que empieza, una carga de trabajo mayor respecto a la ocupación anterior. En esta primera selección -serán comisiones de servicio- se tendrá en cuenta el curriculum y una entrevista. Los candidatos deben, además, entregar una memoria con las motivaciones que le llevan a pedir el traslado.

La agencia iniciará este proceso mientras todavía se mantiene la incertidumbre acerca de cuál será su sede. No es esta una cuestión menor y los plazos están muy ajustados. La previsión es que el proceso de selección concluya el próximo 18 de septiembre. En octubre, la entidad comenzaría a trabajar. No tendría sentido seguir entonces sin unas dependencias. Una solución sería instalarse en el mismo edificio de Les Corts, donde hoy está su director, Joan Llinares, quien en su día dirigió la oficina de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Pero no parece que haya espacio suficiente. En caso contrario, ya se habría anunciado la sede.

La realidad, según fuentes conocedoras de la situación, es que se sigue trabajando con la Generalitat e incluso con el Ayuntamiento en la búsqueda de un local. Y cada vez queda menos tiempo. No se descarta incluso recurrir al alquiler. Resultaría, no obstante, extraño pagar por unas dependencias.

Hay quien apunta que estas dificultades para encontrar ubicación derivarían de una de las primeras discrepancias fundadas en el origen de la Agencia. Se trata del debate sobre de quién debía depender el organismo, el primer punto de fricción entre Podemos, que quería que rindiera cuentas a Les Corts, y el PSPV y Compromís, que proponían que estuviera adscrito al Consell. Finalmente, los podemistas consiguieron su propósito, pero ahora los partidos de la Generalitat quizá estén poniendo trabas al proyecto estrella del partido que les apoya. La organización cuenta con un Presupuesto de 1,5 millones de euros. Se concentrará en la prevención, los asuntos jurídicos, el análisis y la investigación en la propia administración.