La Agencia Antifraude, incapaz de completar su plantilla dos años después

Uno de los problemas de la Agencia Antifraude reside en la dificultad para completar su plantilla. La salida de una decena de profesionales en el último año evidencia que el funcionamiento del organismo no termina de estar engrasado. La carga de trabajo y la falta de personal son de los argumentos esgrimidos en varios de estos abandonos. Pero también la difícil relación del director Joan Llinares con integrantes de su equipo ha contribuido a crear esa atmósfera extraña alrededor de la Agencia.

El Diari Oficial de la Generalitat acaba de publicar otra oferta para tratar de cubrir los huecos en la organización. Se trata, por ejemplo, de investigadores, técnicos de prevención, de contratación y de un responsable del servicio administrativo y jurídico. Los interesados, que deben ser todos funcionarios, disponen de diez días para solicitar el puesto.

Una de las áreas en las que más urgentemente se necesitan refuerzos es el departamento de Investigación, uno de los pilares fundamentales de la Agencia, proyecto ideado por Podemos durante la primera etapa del Botánico. El informe más relevante encomendado hasta la fecha es la pericial del caso Erial para ligar el cohecho del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana con irregularidades en las adjudicaciones públicas a favor del los Cotino.

El encargo, que se registró hace más de un año, todavía no se ha materializado en un informe. Y no hay fecha. Todo pese a que Llinares fichó a un agente de la UCO para liderar el departamento. Fue la última opción tras buscar insistentemente que un abogado del Estado, en concreto Macarena Olona, se hiciera cargo de la investigación. Lo rechazó. Hoy es portavoz de Vox en el Congreso. Una de las últimas en abandonar el barco de Llinares fue la ex jefa de servicio de Asuntos Jurídicos, María Pilar Sáenz de la Torre, que no estuvo ni un año.

La Agencia no se está mostrando todo lo útil que se preveía en sus inicios. Tampoco ha contado con colaboración de otras instituciones. De hecho, paga un alquiler de 10.000 euros mensuales por su sede en el centro de Valencia. Al parecer, no había dependencias públicas que cumplieran los requisitos de Antifraude. No ha sido el único traspié. El Consell Juridic tumbó su Reglamento porque se extralimitaba en las competencias que tenía la propia Agencia. Llinares, sin embargo, no atendió las indicaciones del órgano que preside Margarita Soler.

La memoria de la Agencia Antifraude correspondiente al año pasado, en líneas generales, coincide con el análisis anterior. El nivel de ejecución presupuestario se situó en el 56%. La asignación de 2018 fue de 2,7 millones, mientras que las obligaciones reconocidas apenas alcanzaron el millón y medio. Entre las causas de esta bajo nivel de gasto se apunta el hecho de no poder cubrirse todos los puestos de la plantilla, lo que se explica según la memoria de la Agencia Antifraude, porque no se reconoce la carrera profesional de los funcionarios según de qué Administración procedan. Igualmente, el organismo recalca la «especificidad» de los puestos de trabajo, «unida a la dificultad y al esfuerzo adicional (...)» que no está acompañado de un mayor salario.