La Agencia Valenciana Antifraude ha iniciado actuaciones de investigación «para la determinación de la existencia de presuntas irregularidades» a causa de «un presunto fraccionamiento de facturas relativas a la contratación del servicio de visitas guiadas a la exposición permanente en el MuVIM». El expediente analiza el modo de licitar encargos del principal museo de la Diputación de Valencia. La situación fue desvelada por LAS PROVINCIAS. Los hechos propiciaron que el presidente de la institución, el socialista Jorge Rodríguez, solicitase un informe al servicio de Intervención de la Administración provincial, donde ya se advirtió de la situación irregular detectada en el Área de Cultura de la Diputación de Valencia, que dirige el diputado Xavier Rius, portavoz de Compromís en la corporación.
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El director de la Agencia, Joan Llinares, dictó el 21 de mayo una resolución por la que se inicia un expediente de investigación para determinar la existencia de las presuntas irregularidades, según fuentes vinculadas al procedimiento puesto en marcha por Antifraude.
Cronología de una contratación bajo sospecha
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Cierre. La exposición permanente del MuVIM, un proyecto expositivo puesto en marcha cuando el PP gestionaba la Diputación, se clausuró durante la pasada legislatura. Las razones argumentadas: excesivo coste, mínimo valor museístico y escasas visitas.
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Diciembre de 2015. Company y Rius anuncian la reapertura de la exposición. Se retoma la contratación de una empresa que guardaba relación familiar con un asesor de Rius. La puesta en marcha, sin embargo, fue fallida. La exposición se abrió y cerró en varias ocasiones, mientras la contratación de servicios se mantuvo, tanto a través de licitaciones a la empresa como a través de contratos directos (y menores, sin concurso público) con sus propietarios.
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Diciembre de 2017. Tras dos años recibiendo contratos a dedo, las sucesivas licitaciones finalizaron con la adjudicación por concurso que convoca el propio Rius, para quien «todo esto es una campaña orquestada por el PP contra el gobierno progresista de la Diputación para intentar tapar sus casos de corrupción». Los informes de Intervención confirman los supuestos fraccionamientos.
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Febrero de 2018. El PP se querella contra Rius, al que acusa de presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias.
La investigación se centra en el «presunto fraccionamiento de facturas relativas a la contratación del servicio de visitas guiadas a la exposición permanente del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad», el MuVIM. Según el informe de la Agencia, «no consta que sobre los hechos se hayan realizado o se estén realizando investigaciones por parte de la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la policía judicial». El pasado 28 de febrero, la portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, presentó una querella por presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias contra el portavoz de Compromís.
Los encargos denunciados por los populares y que ahora investiga Antifraude se realizaron alternativamente, por parte del MuVIM y firmados por Rius, a la empresa de familiares de un cargo de Compromís (Francisco Ramón y Eva Moreno), el hermano y la cuñada del ex asesor de Rius y actual teniente alcalde de Paterna, Juanma Ramón, que trabajó para Cultura durante uno de los dos años en que la institución contrató a la empresa y a sus familiares mediante una fórmula que Intervención señaló como un supuesto fraccionamiento de contratos.
Un servicio heredado demasiado próximo
Rius y el propio MuVIM han defendido el 'modus operandi' practicado para contratar el servicio de guías de la exposición permanente del mueso como una herencia del PP. «Si alguien ha practicado enchufismos en un familiar de un asesor de Compromís es el propio PP», fue la defensa de Rius cuando se conoció la denuncia en los juzgados de los populares. Sin embargo, la empresa contratada no guardaba, anteriormente, vínculos tanto familiares como de afinidad personal tan evidentes como durante la actual legislatura. El empeño del director del MuVIM, Rafa Company, de reabrir precipitadamente la exposición, cerrada años atrás por ese mismo PP al que se pretende vincular al fraccionamiento de contratos ahora investigado, tampoco contribuye a rebajar las sospechas sobre la relación entre contratados y contratantes.
«La Agencia ha comprobado la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos comunicados, a los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude», señala la notificación que la oficina de Llinares ha trasladado a la corporación provincial. En dicho artículo se indica que una investigación «sólo se producirá cuando se haya comprobado la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos o las conductas que hayan sido objeto de la denuncia o la petición». Llinares encomienda a la dirección de análisis e investigación de su organismo la instrucción del expediente y advierte de que «contra esta resolución no cabe recurso», sin perjuicio de las alegaciones que formulen los interesados.
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