A. RALLO
Sábado, 9 de febrero 2019
La laboriosa investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desarrollado principalmente en el extranjero. Una de las piezas clave del complejo entramado financiero que supuestamente idearon los ahora investigados era el papel que ejercía Beatriz García Paesa, la sobrina de Francisco Paesa, el espía que ayudó en la fuga del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. El fiscal encargado de las pesquisas viajó recientemente a Luxemburgo para apuntalar las últimas averiguaciones que finalmente han permitido desbloquear los fondos de dos cuentas en Suiza. Uno de los objetivos de ese desplazamiento era el registro del despacho de la conocida abogada. Tal y como en su día publicó El Confidencial, la letrada tiene despacho en Luxemburgo, ciudad en la que también se creó la mercantil Imilson International y que la profesional pasó a administrar. Las sospechas de la UCO desde el primer momento apuntaban a que el exministro recurrió a los servicios profesionales de este despacho para mover el dinero. A partir de entonces, el recorrido del capital, a través de empresas pantalla, se desconoce. La realidad, según el auto de la jueza de Instrucción 8 de Valencia, es que la totalidad o parte de las comisiones recibidas -alrededor de 6,3 millones de euros- se encuentra en dos cuentas de Suiza.
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La causa continúa bajo secreto, por lo que los investigados no pueden conocer el contenido de la causa más allá de la información que se recoge en los autos notificados por la jueza. Las investigaciones apuntan a que el expresidente cobró cerca de diez millones de euros por comisiones de la adjudicación de los parques eólicos y la privatización del servicio de las ITV. Ese dinero, que algunas fuentes aseguraron que había podido duplicar gracias a sus inversiones durante la última década, reposa ahora en Suiza. La jueza ya ha solicitado a las entidades financieras que traspasen el dinero a la cuenta del juzgado.
Este era el primer objetivo de los investigadores desde que hace tres años arrancaron con unas pesquisas que surgieron, una vez más, del exgerente de Imelsa Marcos Benavent con la extraña colaboración de un ex directivo sirio de la mezquita de Valencia. Este hombre fue quien supuestamente encontró una valiosa documentación en una casa donde residió Zaplana, un inmueble en la plaza Legión Española.
La jueza, tras recuperar el dinero, decretó ayer la libertad del expresidente al decrecer el riesgo de fuga. La instructora considera que Zaplana ya no puede huir al extranjero porque carece de medios económicos para mantenerse fugado y a la vez ser tratado de la leucemia que arrastra desde 2015. Una enfermedad que, según la instructora, no era impedimento para que haya estado cerca de nueve meses en prisión provisional.
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