El agujero en el segundo escalón de Mazón

Esta semana, por ejemplo, Ximo Puig incidió en este asunto al destacar que el 30% de los altos cargos del Consell permanecen vacantes. Uno de cada tres puestos de responsabilidad carecen de representación en este momento. Una situación que traslada cierta sensación sino de improvisación sí de cierta bisoñez de la dirigencia que ahora encabeza Carlos Mazón. Y eso que el Consell ha reducido el número de altos cargos y se ha comprometido a contratar la mitad de asesores que el Botánico.

Las Administraciones no se mantienen en funcionamiento por los puestos de mayor jerarquía sino, en realidad, por el esfuerzo de una nutrida capa de altos funcionarios. Las direcciones generales, en cierto sentido, suponen un enlace entre los dos estratos.

¿Las críticas están justificadas? Es decir, ¿ha transcurrido suficiente tiempo desde la conformación de Gobierno para que todo el equipo de PP y Vox deba estar seleccionado? Las elecciones fueron el pasado 28 de mayo y el pleno de investidura de Mazón, por señalar dos fechas representativas, a mediados del pasado julio.

La circunstancia principal para explicar este agujero en el segundo escalón es el verano, un proceso que no ya por las vacaciones de los propios seleccionables sino también de los seleccionadores. En algún caso, por ejemplo, se habría pedido un periodo de descanso entre el empleo actual antes de comenzar esta nueva responsabilidad, señalan fuentes gubernamentales.

Mazón anunció recientemente que esta próxima semana el Consell daría un nuevo impulso al frente de los departamentos. Pero no se puede asegurar que la amplia estructura, más de un centenar de cargos, quede finalmente completada.

Entre todos los puestos de este segundo escalón existen, sin duda, dos cargos que soportan ahora mismo una enorme presión. Se trata del secretario autonómico de Emergencias y el director general de Interior. Tanto José María Ángel como Salva Almenar, respectivamente, han solicitado por escrito su deseo de ser cesados cuanto antes. Obviamente no se encuentran a gusto con un Gobierno del PP y Vox. Pero, en este caso, la consellera de Justicia, Elisa Núñez, ha apelado a la responsabilidad de los dos dirigentes. No ha querido descabezar unas secciones en un periodo de máxima alerta por las altas temperaturas y los incendios del verano y ahora también ante el riesgo de fuertes inundaciones.

Sería como colocar a dos personas, quizá sin experiencia, ante una cometido de enorme magnitud. Desde esa posición parece entenderse el retraso en los nombramientos. O se hacen en el primer momento y disponen de un tiempo de aclimatación antes del periodo de mayor estrés o es conveniente dejar pasar el tiempo de mayores alertas.

La propia exconsellera Gabriela Bravo apeló en su momento a la responsabilidad con los valencianos para tratar de mantener su puesto en la Mesa de Les Corts con su labor en el Consell. Pero la Abogacía lo desaconsejó por incompatibilidades. Joan Baldoví, de Compromís, ha bromeado estos días: «Seguramente es porque les parece que lo están haciendo muy bien».

Otras fuentes, en cambio, explican que el retraso se debe fundamentalmente a las dificultades para encontrar a profesionales que se sumen a la propuesta voxista. Significarse públicamente con el partido de derecha populista –votarle es otro asunto– supone un plus que no todos están dispuestos a asumir. A esto hay que sumar el tutelaje que ejerce la organización desde Madrid. No existe una autonomía plena de los compañeros de Valencia a la hora de adoptar decisiones de este calado. Todo sigue la supervisión de Madrid, según fuentes conocedoras de este mecanismo.

El portavoz adjunto de Vox en Les Corts Joaquín Mª Alés señaló esta semana que su partido priorizará la «meritocracia y capacidad técnica» en los cargos que todavía le quedan por designar «independientemente de la distinción ideológica». Esto se traduce en que no necesariamente han de ser afiliados a la formación política.

El área de Presidencia es la que presenta más huecos tres meses después de las elecciones, según muestra el organigrama que figura en la web de GVA oberta. Mazón ha de designar todavía al director general de Relaciones con las comunidades autónomas, al de Comunicación y Promoción –esencial por su vinculación con los medios de comunicación–, la coordinación de Acción de Gobierno, relaciones con la UE y otra de simplificación administrativa. Cargos cuyo buen hacer puede contribuir a reforzar la figura del presidente.

No es este un asunto banal. La estrategia a largo plazo del PP consiste en engullir electoralmente a Vox, un proceso que espera completar en las próximas elecciones. Un refuerzo de la imagen presidencial de Mazón, en un proceso similar a lo que ocurrió con Ximo Puig frente a Mónica Oltra, contribuiría, sin duda, a lograr este objetivo.

Los populares apuntan a que determinadas acciones de Vox irán perdiendo fuerza a medida que avance la legislatura y se imponga la gestión del PP, según las tesis de determinados analistas políticos. En este sentido, cabe destacar las últimas polémicas como la de cuestionar la autoridad lingüística de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) o la de este pasado viernes de situarse al margen de la pancarta en la que se condenaba el último crimen machista terminarán pasando factura.

El PP dispone, sin duda, de más cuadros a la hora de reclutar dirigentes. Personas que han estado a la sombra durante ocho años, o recluidas en el ámbito privado, a la espera de retomar su actividad pública. En este grupo de 'históricos' populares se pueden citar los casos de Asunción Quinzá (secretaria autonómica de Igualdad), Alfonso Novo (máximo responsable de FGV) y Vicente Dómine, siempre vinculado a cuestiones de Infraestructuras, e incluso el propio conseller de Educación, José Antonio Rovira. En cambio, una de las grandes ausencias en este organigrama es el de Isabel Bonig, la última presidenta del PP que se echó a un lado al no contar con el apoyo de Pablo Casado.

En la vicepresidencia segunda aparecen también algunos huecos de cierta relevancia, como el caso de la dirección general de la Dependencia i de les Persones Majors. La Conselleria de Sanidad, en cambio, tiene la mayor parte de sus competencias cubiertas. Es el departamento donde pese a la amplia lista de direcciones generales más rápidamente se ha completado el organigrama. En el lado contrario, en cambio, destaca la Conselleria de Medio Ambiente, que lidera Salomé Pradas. Hasta seis direcciones generales se acumulan todavía sin representación, según la misma web. Se trata de la Dirección de Infraestructuras, de Costas, Puertos y Aeropuertos y dos responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, por citar las más importantes.

Existen otras demarcaciones que no son competencia directa de la Generalitat, pero que tradicionalmente se impone su criterio en la selección. Se trata del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Desde abril está en manos del histórico socialista Joan Calabuig.

Pero el PP ya busca un nuevo perfil. Se trata de una posición clave y más con los retos que afronta el recinto a lo largo de los próximos años. El más evidente es la futura ampliación norte de las instalaciones. La autorización para dar luz verde a la licitación de las obras lleva desde enero en el Consejo de Ministros. Otro de los debates capitales en esta etapa será la relación, cómo articular una convivencia saludable entre el puerto y Valencia.

Otras decisiones clave del Gobierno valenciano estarán relacionadas con la Cultura y, en especial, con la designación de las direcciones de los dos museos más importantes de la ciudad, el IVAM y el San Pío V. La dirigencia puede cambiar a los responsables de ambas dependencias al igual que buscar un nuevo rumbo en el Palau de Les Arts, otro de los emblemas culturales de la región.