El exalcalde de Xixona admite ante la juez que se reunió con el empresario Febrer y con Vera

La juez ha citado al que fuera alcalde de Xixona, Ferran Josep Verdú (PSPV). Un PAI de la localidad, al parecer, es el origen del supuesto pago de comisiones del empresario Jaime Febrer. A cambio de que se garantizara el suministro de agua desde Acuamed, el empresario habría desembolsado dinero. Finalmente, ese proyecto urbanístico no llegó a materializarse, tal y como ha admitido el alcalde en su comparecencia como testigo. Lo achacó a la crisis económica, más allá de decisiones políticas.

El propio responsable ha relatado que se reunió en dos ocasiones con Jaime Febrer y José Luis Vera, el asesor del empresario con vínculos con el partido socialista, y les manifestó, según alguna fuentes, su más rotunda oposición al proyecto. Otras fuentes, en cambio, sostienen que el edil fue pieza clave para que se firmara un convenio y que, además, en su comparecencia admitió que firmó tras conversar con Joan Navarro, uno de los directivos de Acuamed investigados en esta trama del caso Azud.

En su declaración y de motu proprio aprovechó para denunciar la inversión de dos millones de euros de la Generalitat en una desaladora que no llegó a materializarse. Finalmente, por el PAI de Xixona, incluso terminó denunciando a la anterior alcaldesa (PP) en los tribunales, según fuentes judiciales.

Verdú estaba citado como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad ante la juez que dirige ahora Instrucción 13 de Valencia.

De igual modo, estaban convocados dos secretarios municipales del municipio alicantino. En las declaraciones se han puesto de manifiesto algunas deficiencias administrativas como el desconocimiento de quién aporta determinados informes al expediente.

El asunto más sorprendentes ha surgido durante el interrogatorio a uno de estos testigos. Anticorrupción ha insistido en un ataque informático que sufrió el municipio en abril del 2021, periodo en el que se investigaban todas estas derivadas del caso Azud, después de que uno de los testigos lo pusiera como excusa respecto a datos de lo que estaban preguntando. De hecho, en el municipio sólo está digitalizado a partir de 2016 cuando los hechos objeto de la investigación se remontan a una década antes.

Las declaraciones continuarán en las próximas jornadas. Se trata fundamentalmente de testigos. Los investigados más relevantes, empresarios y políticos, se han acogido a su derecho a guardar silencio ante la juez y la Guardia Civil. Fueron citados, no obstante, cuando la causa estaba todavía bajo secreto de sumario. En cualquier momento pueden reclamar comparecer en sede judicial.

Uno de los testimonios más esperados sería el de Pepe Cataluña, exjefe de las finanzas del PSPV y uno de los dirigentes de la organización con más poder de decisión. Toda esta operación, de hecho, surgió a partir de la documentación incautada al expolítico en sus domicilios de Gilet.