Alfonso Grau, envuelto en la corrupción

Hubo un asunto, sin embargo, que dinamitó todos los puentes de esa relación: el caso Nóos. El TSJ consideró que no existían indicios para encausar a la entonces alcaldesa Rita Barberá -y tampoco al presidente Francisco Camps- por los contratos de Iñaki Urdangarin con la Generalitat y el Ayuntamiento para la organización de sus cumbres sobre deporte y ciudad, unos certámenes que al menos en Baleares fueron una fuente de ingresos ilegal para el yerno del rey Juan Carlos.

A Grau le dejaron 'solo' en el banquillo de los acusados, pero también en la esfera pública. O al menos así lo entendió él. Ejercía la acusación popular el PSPV, de la mano de la hoy líder Sandra Gómez, pero terminó absuelto. Fue el primer 'match ball' en la pista judicial que salvó el exvicealcalde. Luego llegaría otra afrenta. Su mujer, María José Alcón, se quedó fuera de los puestos de salida de las elecciones de 2015. Barberá ya no contaba con ella y la relegó. No iba a salir como concejal.

En paralelo a ese episodio, en marzo de 2015, arranca la investigación del delito del pitufeo por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP. Él no se ve afectado porque ya no estaba en el Consistorio, pero, además, se da la circunstancia de que ninguno de sus excolaboradores participó en la entrega de 1.000 euros y en la supuesta posterior devolución. Todos vieron esta colaboración con el partido como algo sospechoso.

La investigación judicial salpicó a toda la cúpula del PP de Valencia menos a Grau. Sin embargo, el afán de los investigadores por averiguar el origen de esos 50.000 euros de dinero en efectivo que supuestamente tenía el PP amplió las diligencias a otras campañas electorales, la de 2007 y 2011. Y fue allí donde aparece su nombre, donde la investigación le sitúa como gestor de toda la ilegal ingeniería electoral del PP.

Los investigadores descubren, además, que se sobrepasó con creces el presupuesto oficial de los actos y que el PP llevaba una especie de contabilidad paralela para pagar estas campañas. La puntilla se la terminó dando Jesús Gordillo, mano derecha del exvicealcalde durante años y ahora colaborador de Anticorrupción. Un día, en una limpieza de su vivienda, encontró unos papeles de las elecciones de 2007. Y entonces recordó que Grau le dio 350.000 euros para pagar actos electorales.

Todos estos indicios, que se incluyen en la pieza denominada pitufeo, le han convertido en uno de los referentes de la corrupción en la Comunitat. Pero el golpe definitivo a su estado de ánimo se produjo hace casi cuatro meses con la detención por el cobro de comisiones en lo que se conoce como la segunda parte de la operación Azud, un sumario por el que también se vio salpicado el abogado José María Corbín, cuñado de Barberá.

De momento, a Grau se le ha condenado a tres años de cárcel por aceptar relojes de lujo de Transvia, un contratista habitual del Ayuntamiento de Valencia. Es la única sentencia hasta la fecha. Pero el horizonte judicial no se presenta despejado. Más bien todo lo contrario. Y todas esas circunstancias en una persona de 80 años de edad.