La Guardia Civil insiste en que Alfonso Grau tenía los relojes de lujo regalados por el empresario y los cambió por otros modelos

Y Alfonso Grau se sentó finalmente en el banquillo. Pese al tiempo transcurrido desde sus última apariciones judiciales -declaraciones por el blanqueo y el delito electoral en el PP de Valencia- el exvicealcalde de Valencia resulta igual de reconocible que durante los últimos 20 años, etapa en la que fue el lugarteniente de la exalcaldesa Rita Barberá en el Consistorio.

Grau está acusado de aceptar regalos del empresario dueño de Transvia. En concreto, unos relojes que rondaban los 12.000 euros. Por este delito, el cohecho impropio -idéntico al juicio de Camps y los famosos trajes- le piden un año de cárcel. Pero el exvicealcalde, una vez con los obsequios de lujo en su poder, acudió a la joyería de Valencia donde habían sido adquiridos para cambiarlos por otros de mayor valor y pagar él la diferencia con dinero en efectivo. Es decir, un intento por enmascarar la procedencia de las piezas. Y por este blanqueo le reclaman otros cinco años de cárcel. La fiscalía renunció en su día a tratar de vincular los regalos a un trato de favor de la mercantil en adjudicaciones del Ayuntamiento que, por otra parte, fueron cuantiosas a lo largo de toda una década. Desde 2006 a 2016, más de 2,5 millones de euros en contratos a favor de la sociedad.

La vista se celebra en la Sala Tirant, unas dependencias de la Ciudad de la Justicia habilitadas para la celebración de las macrocausas de corrupción, que se estrenaron con el caso Terra Mítica. Las cuestiones previas han comenzado con la petición del abogado del empresario Urbano Catalán de que se añadan a la causa las adjudicaciones a las que se presentó y no ganó, así como otros contratos que ha obtenido sin la presencia del dirigente popular en la administración.

La Sala ya había acordado que los acusados, Grau y el empresario, declararían al final del proceso, una circunstancia que no es frecuente, pero que la sección Segunda de la Audiencia sí suele conceder. La vista ha arrancado con las testificales propuestas por la fiscalía. Pedro Gil era trabajador de la joyería en Valencia y ha relatado el proceso de atención al cliente que se seguía en el establecimiento y cómo los códigos del local se relacionan con ciertos artículos. Además, ha indicado los requisitos para devolver un artículo, tal y como se sospecha que hizo el exvicealcalde. A preguntas del abogado de Grau, el trabajador ha reconocido que la tienda cambió el sistema informático tras la operación de la Guardia Civil y que eso generó un descontrol. El siguiente turno ha correspondido al relojero del establecimiento, que únicamente reparaba las piezas. Pero el hombre ha aclarado que comenzó a trabajar en septiembre de 2014, no cuando se investigan los hechos (2010-2011).

Los interrogatorios han continuado con un agente de la Guardia Civil. El guardia participó en el registro del domicilio de Alfonso Grau y ha confirmado la operativa de devolución de los relojes, aunque ha reconocido que no hallaron las dos piezas que supuestamente cambió en la tienda. Sí decomisaron, en cambio, decenas de piezas de lujo en esa casa, en pleno centro de Valencia. El profesional ha indicado que no encontraron relación entre ambos acusados al menos en la información que este manejó.

El siguiente de los agentes que participó en las pesquisas contra el exvicealcalde ha explicado el registro en la joyería Rabat tras la información aportada por la Agencia Tributaria en la que se aseguraba la compra y devolución de los relojes. El especialista ha detallado que el número que les asignaba la tienda a los artículos demostraba quién había realizado la compra y quién la había devuelto. Y lo mismo ocurrió en diciembre de 2011. La trazabilidad de los relojes quedaba, de esta forma, acreditada, según el agente de la Guardia Civil. El segundo de los productos, además, tenía un número de serie propio del reloj aparte del número de la tienda. El agente ha reconocido que existe una pequeña diferencia entre los importes que se pagan por el empresario y la cantidad que obtiene posteriormente Grau al devolver el reloj, pero que sobre este particular no habían profundizado. La diferencia ronda los 300 euros. Los relojes eran comprados en persona por el empresario, pero se pagaban a nombre de una de las mercantiles.

Las defensas han tratado de desacreditar la explicación del agente con preguntas acerca de si el número del artículo identifica realmente el reloj que compró el empresario o si esa referencia únicamente señala un modelo genérico de pieza. También han añadido que existe un documento de Hacienda que atribuye la compra de uno de los relojes investigados -al menos del mismo modelo- días después de que Grau devolviera el regalo del empresario.