Alfonso Grau trata de recuperar el patrimonio de su familia

El que fuera mano derecha de Rita Barberá en la etapa de las mayorías del PP hasta el estallido del caso Nóos actúa en representación de sus hijas. Una reside en Estado Unidos, la otra, en Valencia, donde tiene una participación mínima en una empresa desde la que su padre gestiona algunas propiedades.

Grau acaba de pedir al juzgado que desbloqueé una de las viviendas, la de la calle Jesús de Valencia. La primera queja a la instructora es que todavía ignoran, según ellos, si la hija está investigada en estas diligencias que analizan una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de un trato privilegiado de la Administración, fundamentalmente el Ayuntamiento de Valencia.

El segundo de los argumentos es que el citado piso se adquirió en 1998. La defensa del exvicealcalde recuerda un informe del fiscal, respecto a la otra hija, en el que se acotaba el marco temporal de las pesquisas a 2004, es decir, seis años después de adquirir la propiedad.

La defensa entiende que esa relación de fechas imposibilita vincular este bien con los hechos supuestamente delictivos. Además, según explica, su hija apenas tiene un cinco por ciento de la empresa Edificio Familia 3000 y tampoco fue una de las fundadoras.

Grau admite que donó este inmueble a su hija en 2010, doce años después de la compra tras la muerte de su primera esposa. «Nada que tenga que ver con las presentes actuaciones puede ponerse en relación, por mucho que se quiera forzar la imaginación con ningún suceso de 1998». Esta ausencia de vínculo, según la tesis de la defensa, lleva a que Grau formule esta reclamación al juzgado con «toda la legitimación, fuerza moral y la razón jurídica».

Hace unas semanas también presentó un escrito con similar argumentación para obtener el desbloqueo de otro de los pisos de su hija. En ese caso, explicaron que necesitaban vender el inmueble para atender otras necesidades económicas. La defensa alegó que el inmueble se compró hace más de 26 años cuando Alfonso Grau no estaba todavía en política. El ahora investigado es médico de profesión.

La adquisición se produjo en 1969, más de un cuarto de siglo antes de que el dirigente entrara como concejal en el Ayuntamiento de Valencia, circunstancia que se produjo en 1995. «Ni por asomo ni con la mejor bola de adivinar el mundo podría entonces estar pensando en los hechos supuestamente delictivos que aquí se investigan», insistieron desde su equipo de defensa.

La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, mantiene que el político, mano derecha de la alcaldesa en las últimas legislaturas, cobró cuantiosas comisiones de empresarios por tratos de favor del Consistorio. Y que ese dinero, todo o en parte, pudo utilizarse para la compra de propiedades en Valencia. También se investiga su posible desvío a Estados Unidos donde reside parte de la familia del exdirigente municipal.