La Audiencia condena a Rus a cinco años y absuelve a Rubio en el caso de los zombis

La Audiencia de Valencia ha condenado a Alfonso Rus a cinco años de cárcel por el caso de los zombies, personas que cobraban un sueldo en empresas públicas, como Ciegsa e Imelsa, sin que, en realidad, cumpliesen ninguna función. Los otros cabecillas de la trama, Máximo Caturla, exgerente de la Ciegsa, la empresa encargada de los colegios públicos, y Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, han recibido idéntico castigo.

Los magistrados los consideran responsable de los delitos de malversación y falsedad documental, aunque a todos los condenados se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas, circunstancia que rebaja el castigo penal. La Audiencia admite que la causa estuvo tres años paralizada en el juzgado de Instrucción sin motivo que justifique esta demora. «Son tres años donde no se resuelve nada, más que la unión de escritos», lamenta el tribunal. En cambio, les absuelve de organización criminal. No consta que cada uno de ellos ejerciera un papel determinado y permanente en las contrataciones del personal bajo sospecha, señala el fallo. Siempre resulta complicado una condena por este delito.

En definitiva, se trata de un fallo duro, con penas elevadas, que llega apenas unos meses después de que el expresidente del PP de Valencia fuera absuelto en el caso del call center, el centro telefónico de la Diputación de Valencia. «Estoy en mi mejor momento», comentó hace unos días durante un reportaje para LAS PROVINCIAS. No esperaba un desenlace como este. Todo lo contrario.

La Sala da por probado que determinadas contrataciones en Ciegsa se efectuaron con la aprobación de Rus y que las de Imelsa constituían un «favor personal de Benavent» tras la petición del que fuera presidente de la Diputación de Valencia. Fue el caso, por ejemplo, del futbolista del Olimpic, Miguel Ángel Mullor o de la trabajadora Eva Sarrión. Esta última incorporación, también, como un favor personal de Rus, según la valoración de la prueba de los magistrados.

La sentencia diferencia entre los trabajadores que cobraban sin ninguna ocupación real, conocidos como zombies, y otros asesores que fueron incorporados -de manera poco clara o irregular- pero sin que su llegada «tuviera por finalidad obtener un lucro en perjuicio de la empresa». Es el caso de Francisco José Antequera, el que fuera seleccionador nacional de ciclismo o de Juan Antonio Sanz, joven vinculado al Partido Popular.

Todos ellos se han visto beneficiados porque pudieron acreditar cierta actividad. Así, los magistrados recogen que pese a que no no tenía un puesto de trabajo en la sede de Imelsa, empresa que le había contratado, sino en la Diputación, «sí que desempeñó en ella ciertas funciones, bajo el ámbito de organización y dirección de la Corporación».

Anticorrupción había logrado parte de su objetivo antes de la celebración de la vista al llegar a acuerdos de conformidad con algunos zombies. Fue el caso, por ejemplo, de José Estarlich. El hombre reconoció que fue contratado en Imelsa de la mano de Marcos Benavent y que, en resumen, se encargaba de hacerle gestiones personales al exgerente. Pero nada que tuviera que ver ni con la Diputación ni con Imelsa. Estarlich, de hecho, ya había devuelto el dinero que percibió de manera ilegal.

En el apartado de las contrataciones ilegales destaca especialmente el caso de José Adolfo Vedri, un conocido empresario valenciano. Por amistad con el gerente logró que el coste de dos trabajadores de una de sus empresas fuera asumido por la empresa pública. Al parecer, de esta forma se compensó una deuda por unos trabajos facturados con la mercantil.

El caso de Rafa Rubio, exsubdelegado del Gobierno con el PSOE y una de las personas clave del partido en la ciudad de Valencia, merece capítulo aparte. Él y las dos asesores que se encontraban bajo su supervisión han sido absueltos. La sentencia incide en los motivos apuntados para exculpar a los otros acusados de ser zombies, que sí se ha demostrado que efectuaron trabajos para el diputado.

«No consta probado que la contratación tuviera causa en ninguna especie de favor político o de otra clase, con independencia de que el propio Rubio, sin sujeción a ningún proceso de selección, procediera a la libre designación». Además, tampoco hay prueba de cargo que indique el cobro del salario sin realizar ninguna prestación. Y los testigos sitúan a ambas asesores en un puesto de trabajo en la Diputación. Es cierto que no estaban en Imelsa -continúa el fallo- «pero la ubicación física de los asesores resulta un criterio insuficiente para considerar acreditado el fraude».

Otros dos directivos de la empresa pública, la jefa de Recursos Humanos, María Escrihuela y el financiero José Enrique Montblanch, también han sido condenados a penas importantes de cárcel, cuatro y cinco años de prisión, respectivamente. En su caso, el reproche penal no está relacionado con la contratación irregular -de hecho se les absuelve de este ilícito- sino con el cobro indebido de la productividad.

Con la crisis de 2011, en Imelsa se acordó la reducción del salario de todo el personal. Estos dos dirigentes, en connivencia con Benavent, idearon un particular sistema de pago de productividad donde ellos tres se llevaron en algún ejercicio el 90% de los pagos por este concepto. El sistema «no tenía justificación en ninguna evaluación del rendimiento, ni se ajustaba al procedimiento previsto en el Convenio Colectivo». Además, también se beneficiaron del cobro de dietas, unas cantidades que percibían «sin que fuera necesaria ninguna justificación». La Audiencia ha rechazado las explicaciones que dieron ambos para justificar ese incremento en los salarios.

 

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