«En Alquería nos pidieron un informe para intentar salir del lío que tenían»

Exmagistrado de la Audiencia de Valencia, abogado y desde 2015 responsable del área jurídica de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa. José Luis Vera acaba de asumir las funciones de prevención de riesgos penales en una firma que parece necesitar más que ninguna un perfil de este tipo.

-¿Cómo se hace eso de prevenir los riesgos penales? Porque nadie que pretende cometer un delito avisa primero...

-Con anticipación. Se requiere tener un gran conocimiento de la empresa y abordar los temas antes de que lleguen a la firma. Si a pesar de ello se produce el ilícito, se da traslado inmediatamente al Fiscal para que pueda frenar los efectos perversos de esa acción.

-Divalterra, con esta denominación y como Imelsa, ha protagonizado algunos de los casos de corrupción más graves de la Comunitat. ¿A qué lo atribuye?

-No son comparables el caso Imelsa o Taula con Alquería. La causa Imelsa se genera porque existió una clara voluntad de eliminar todos los controles en la empresa que facilitaran el saqueo. En Alquería se jugó con la confusión de la naturaleza jurídica de los contratos de altos directivos.

-¿Entiende que el presidente del consejo ordene paralizar un nombramiento y el gerente haga caso omiso y lo apruebe?

-Acordar una suspensión provisional como medida cautelar ante la interposición de un recurso no es nada anormal, son medidas de prudencia para evitar perjuicios. No puedo añadir más porque me designaron para llevar la instrucción de este recurso.

-Alquería está a un paso del auto de procesamiento. Usted ya era el responsable del área jurídica de la empresa. ¿Advirtió de que los nombramientos de directivos vulneraban la legalidad?

-En la empresa la parte jurídico-laboral nunca se quiso adscribir al departamento jurídico. Siempre dependió del servicio de recursos humanos. Nunca nadie nos solicitó ningún informe ni nos dio vela en este entierro. Solo al final y cuando ya había cuatro o cinco informes jurídicos externos, cuándo ya estaba todo el lío armado me pidieron un informe, no de la legalidad de las contrataciones, que no lo eran, sino de como salían del lío.

-¿Sufrió presiones usted o los miembros de su equipo?

-Sí, sobre todo miembros de mi equipo. Cuando tuve que irme durante 18 meses por intervención quirúrgica, los hombres del presidente entraron en la empresa como elefante en cacharrería: presionaron y amenazaron a técnicos y otras personas para que hicieran y deshicieran los informes que a ellos les interesaba.

-¿Clasificar Divalterra como empresa de categoría I, como se hizo en septiembre de 2016, permitió dar cobertura a aquellos comportamientos?

-Aparentemente sí.

-El Interventor y el Secretario de la Diputación han defendido como correcta aquella decisión...

-Seguro que tienen sus argumentos, son grandes profesionales, pero yo discrepo.

-¿Atribuye alguna responsabilidad al entonces diputado de Hacienda, Toni Gaspar?

-No. Es verdad que las Diputaciones son instituciones eminentemente presidencialistas, aunque el actual presidente es persona que da mucho juego. En aquel momento el presidente de la Diputación (Jorge Rodríguez) lo era también del consejo de administración de Imelsa.

-¿Me puede explicar por qué la Diputación no se ha personado en Alquería?

-Yo mismo le recomendé al presidente que no se personara. En la causa Imelsa/Taula Marcos Benavent puso de manifiesto una presunta trama compleja de corrupción que podía afectar a Ayuntamientos, Diputación, Generalitat y diversas empresas públicas. Alquería nada tiene que ver, no es causa compleja, de hecho ya está finalizando la instrucción en menos de dos años.

-¿Le sorprende que Manuel Mata defienda a alguno de los procesados en Alquería?

-No. Me parece impecable. Ejerce sus derechos y obligaciones en el fiel cumplimiento de la Ley. Si ya empezamos a cuestionar la Ley en un sistema democrático, terminaremos cuestionando por qué los peces están en el mar.

-¿Diría que la actitud que mantuvo usted frente a estos casos está en el origen de algunas acusaciones que se han vertido sobre su persona?

-Estamos inmersos directa o indirectamente en dos causas de presunta corrupción. Y en el protocolo de las mafias de la corrupción figura hundir la reputación de testigos y denunciantes. Resulta sospechoso que se hayan interpuesto cuatro denuncias en Antifraude que afectan al equipo de personas que trabajamos en desempolvar Taula y que tenemos que declarar en Alquería.

-Se ha publicado que usted cobró 10.000 euros de complemento salarial entre 2016 y 2019 estando de baja.

-Sí, a mí también me sorprendió. Por eso pregunté y solicité un informe a recursos humanos y me explicaron que era correcto.

-¿No cabría pensar que la interpretación que hacía Recursos Humanos no era correcta?

-Es posible. Pero eso tendría que decirlo un juez, y lo que él dijera seria lo correcto. Lo que no estoy dispuesto es a plegarme a presiones y planteamientos torticeros e interesados para hacer daño y levantar mantos de desprestigio.

-¿Me puede ayudar a entender lo que ocurrió con la Fundación Cical?

-Era un magnífico proyecto para empoderar a los Ayuntamientos que tuvo un triste final.

-Antifraude detectó irregularidades y trabajos copiados en la justificación del convenio entre Divalterra y la FVMP...

-Antifraude hace su trabajo y lo hace bien. En ocasiones la irregularidad depende de donde pones el listón y de las interpretaciones jurídicas y comprensión de los hechos. Una irregularidad no necesariamente es un fraude urdido con mala fe para obtener un rédito personal o para terceros sobre intereses espurios.