Un ex alto cargo de FGV reclama 12.000 euros a Les Corts por culparle del accidente del metro

valencia. El que fuera director de recursos humanos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y actual responsable de Operaciones, Dionisio García Gómez, reclama a Les Corts Valencianes 10.000 euros por daño moral y 2.756,31 por honorarios de su abogado a raíz de las conclusiones a las que llegó la comisión de investigación del accidente del metro de 2006. En el informe fibal quedó por escrito que Dionisio García era «responsable» en el accidente «por la falta de cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales».

El 28 de septiembre de 2015 se constituyó por segunda vez en Les Corts la comisión de investigación y el 5 de julio de 2016 se aprobaron las conclusiones con el voto a favor de PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos. El 13 de julio se aprobaron en pleno y el 19 de agosto de 2016 se publicaron en el Boletín Oficial de Les Corts.

El 13 de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional anuló parte del dictamen de la comisión de investigación tras la reclamación del directivo de FGV y señaló que se había vulnerado el derecho al honor del técnico en las conclusiones del Parlamento regional. La sentencia, de la que fue ponente Cándido Conde-Pumpido, explicaba que Les Corts no declaran al alto cargo «responsable político» sino «responsable». Pero añadía que el dictamen del Parlamento valenciano no debía contener apreciaciones o imputaciones individualizadas. La resolución judicial concluía que Les Corts Valencianes no respetaron el derecho del recurrente en amparo a recibir «la consideración y trato de no autor o no partícipe en conductas ilícitas» y, en consecuencia, lesionaron su derecho fundamental al honor.

El exresponsable de Recursos Humanos de FGV reclama por todo ello más de 12.000 euros a la Cámara. En un informe de una de las letradas de Les Corts, con fecha 11 de septiembre de 2019, se concluye que Dionisio García Gómez ha sufrido una lesión en su derecho al honor pero añade que para que Les Corts asuman la obligación de indemnizar se necesita de un título habilitante. Además, según apunta la letrada, el Parlamento regional no dispone ni en la normativa interna ni en la general de un procedimiento de responsabilidad patrimonial para indemnizar. Además, la sentencia del Constitucional no reconoce de manera específica un derecho a la indemnización.

La Mesa de Les Corts vio hace unos días el caso y consideró que es imposible atender la petición del pago de los 12.000 euros porque no le corresponde cuantificar las reclamaciones por daños morales y económicos que son consecuencia del Tribunal Constitucional. Además, apunta que deberá de ser el órgano jurisdiccional correspondiente el que determine la cuantía de la indemnización, «siempre teniendo en cuenta que no existe precedente de sentencia del Alto Tribunal que conlleve una sanción de carácter económico para un Parlamento».