El 17% de los altos cargos de la Generalitat no cumple con la ley de transparencia

La Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) ha remitido ya su informe anual a la Conselleria de Transparencia para que el Consell lo apruebe, previsiblemente, mañana, y lo envíe a Les Corts. Y los datos no son demasiado esperanzadores. De los 289 altos cargos y cargos públicos no electos –los actuales y los que han cesado en los últimos tres años– que tienen obligación de rendir cuentas anualmente, 51 se saltaron el año pasado su compromiso con la transparencia. En total, uno de cada cinco altos cargos y cargos directivos no presentaron o presentaron datos inválidos de renta, patrimonio y sociedades el año pasado. Un incumplimiento de la ley que, sin embargo, no ha tenido sanción.

En el informe de la OCCI que el Consell ya maneja, se detalla el listado de altos cargos y directivos del sector público, tanto en activo como los que ocuparon un puesto desde 2016 –tres años antes de la fecha sujeta a análisis– de los que Transparencia no dispone ni un solo dato. Según el documento, se trata de 17 personas que durante su ejercicio o al término de éste, no habían suministrado a la OCCI ni un solo papel sobre sus bienes, sus actividades, su renta o sus sociedades. Los 17 aparecen identificados y, en algunos casos, aún conservan el puesto de secretarios autonómicos o directores generales. Otros, incluso han salido del Consell pero ocupan puesto de asesor con el nuevo Botánico. A esta terna se les unen otros 34 casos en los que sí se ha aportado información pero ha sido descartada. Bien por incorrecta o bien porque es incompleta. Además, cinco personas no han presentado aún sus declaraciones pero están en plazo de hacerlo porque tomaron posesión de su cargo en los últimos meses de 2019 y no se había cumplido el plazo de dos meses que la ley marca para entregarlo.

La ley 8/2016 y el decreto que la regula establece la obligatoriedad de todos los altos cargos y directivos del sector público a presentar ante la OCCI todos su datos económicos, patrimoniales y de incompatibilidades. De hecho, la norma trajo aparejado un reglamento sancionador para los incumplidores, pero a juzgar por los datos, no se está aplicando con quienes no cumplen. De hecho, según el mismo informe que el Consell aprobará mañana, tan sólo hay en marcha un procedimiento sancionador y dos quedaron archivados a lo largo de 2019.

La OCCI también regula las incompatibilidades a las que están sujetas durante los tres años posteriores los altos cargos y directivos del sector público. En 2019 se tramitaron 246 resoluciones de las que 153 fueron para decretar la compatibilidad y 93 están aún en tramitación. Los gobernantes tienen obligación de seguir informando de las actividades profesionales que realicen durante los tres años posteriores a su salida de la Generalitat para que Transparencia pueda verificar que no incurren en un conflicto de intereses con alguna de las empresas sobre las que han decidido durante el ejercicio de su cargo.

La Oficina de Control de Conflictos también tiene una labor inspectora cuando tiene conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en cuanto a las compatibilidades, bien sea por denuncia de terceros, por petición razonada de otros órganos o entidades o bien por iniciativa propia del alto cargo o exalto cargo. En 2019 se tramitaron seis consultas, de las cuales sólo una está aún en tramitación, y se produjo a iniciativa propia, mientras que las otras cinco están archivadas y tampoco fueron objeto de una denuncia. En el documento también se da cuenta de las veces que los altos cargos se han abstenido en alguna toma de decisiones que pueden afectarles. En 2019 fueron seis veces.