Amnistía sitúa a Melilla, Pegasus y la ley mordaza como puntos negros de España en 2022

La organización, en su informe anual mundial presentado este martes, no se anda con medias tintas a la hora de describir lo ocurrido en el paso fronterizo de Barrio Chino el 24 de junio del pasado año.«Las autoridades cometieron violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes en las fronteras», zanja AI en el apartado reservado a España.

En ese mismo epígrafe, el informe denuncia que aquel día tanto agentes españoles como marroquíes «emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos» para evitar que los subsharianos entraran en Melilla. Amnistía cifra en 37 los fallecidos, frente las solo 23 víctimas mortales reconocidas por Rabat y a los 72 muertos que apuntan las ONG locales.

El informe, que también lamenta que 470 personas fueron deportadas «ilegalmente» tras el salto masivo por el departamento que dirige Grande-Marlaska a través de las denominadas «expulsiones en caliente», recuerda que en octubre pasado ya varios expertos de la ONU condenaron la «persistente ausencia de rendición de cuentas por las muertes y la deshumanización de personas migrantes africanas en las fronteras de Europa».

El uso de Pegasus para seguir a líderes secesionistas es otro de los focos de «preocupación» de AI, que recuerda que en mayo del año pasado la entonces directora del CNI, Paz Esteban, reconoció que el Gobierno «había espiado a varios políticos independentistas catalanes». No obstante, el informe subraya que ese software espía Pegasus, de NSO Group, se empleó igualmente en «teléfonos móviles de destacadas figuras políticas catalanas, periodistas, profesionales de la abogacía, y de sus familias».

Amnistía Internacional, que insiste en que el Gobierno también confirmó que los teléfonos oficiales del presidente, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa habían sido infectados con el software, denuncia que las investigaciones, tanto de la Audiencia Nacional como las de los tribunales de Cataluña están «estancadas» meses después.

El apartado del informe referido a España también hace hincapié en la ley mordaza, la normativa que va a sobrevivir a esta legislatura por el desacuerdo entre los socios de Gobierno y cuya derogación para Amnistía Internacional había sido siempre una prioridad. «Las autoridades continuaron haciendo uso indebido de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para limitar la libertad de expresión de manifestantes y periodistas», apunta el dosier de la organización, que asegura tener datos que revelan un aumento del número de multas impuestas por infracciones administrativas definidas de «forma imprecisa», como «faltas de respeto y consideración a la autoridad» y «desobediencia o resistencia a la autoridad».

En el documento también se subrayan las denuncias de AI por la falta de «protocolos» en España para usar las denominadas armas «menos letales», como las pistolas táser, las pelotas de goma o los proyectiles de foam utilizados principalmente por los antidisturbios autonómicos. Todo ello, al margen –señala el documento- de que siguen abiertas las investigaciones penales sobre el «uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía» en el contexto de las protestas de octubre de 2017 celebradas en Cataluña durante el procés.

El informe se hace eco, además, de otras cuestiones que igualmente considera puntos débiles en la defensa de los derechos humanos en España, tales como: la persistía la violencia contra las mujeres con 49 asesinadas en 2022; la insuficiencia de los fondos destinados por el Gobierno nacional y los ejecutivos autonómicos para «proteger el derecho a la salud»; la no investigación adecuada de las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia; o los casi 30.000 desahucios computados entre enero y septiembre del pasado año.

Para Amnistía Internacional, sin duda, el aspecto más positivo de España durante el pasado año fue la aprobación de la «histórica» ley trans, que, subraya, «reconoce el derecho a la autodeterminación de género, que permitía a las personas transgénero obtener el reconocimiento legal de su género y cambiar los indicadores de género en los documentos de identidad sin necesidad de someterse a un tratamiento hormonal ni de obtener un informe médico».