El PP amplía la querella contra Francis Puig por falsedad documental

El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia trata de esclarecer si los investigados han cometido los delitos de fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos públicos. El PP, que es parte acusadora en este proceso, ha ampliado la querella para que se sume el delito de falsedad documental, una vez se ha hecho público el informe de la Guardia Civil sobre el cártel de las productoras.

La Fiscalía ya se pronunció y apuntó a la posible comisión de este delito en el cruce de facturas entre las empresas investigadas para la justificación de las ayudas públicas recibidas desde distintas administraciones.

Las empresas audiovisuales del hermano del presidente de la Generalitat han recibido en los últimos años importantes cantidades económicas de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón para, entre otras cosas, el fomento de la lengua. Francis Puig tiene tres empresas: Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions y Lamp Telecom. Las dos primeras, especialmente Comunicacions dels Ports, son las que más dinero público han recibido. Esta firma está radicada socialmente en Morella, mientras que Mas Mut tiene su sede en Teruel, lo que le permite recibir ayudas del gobierno aragonés.

Los hermanos Adell Bover tienen dos productoras, Canal Maestrat y Kriol, que está siendo investigadas. De hecho, han tenido que devolver parte de las ayudas al valenciano recibidas después de que se certificara por parte de la conselleria de Educación, una vez denunciado el caso, que no habían hecho el programa Telescola, para el que recibieron dinero.

El conocido cártel de las productoras también ha sido sancionado con una multa de 43.000 euros por pactar precios para ganar varios lotes de un concurso de À Punt. Fue la propia cadena autonómica la que llevó el caso al área de Competencia de la Generalitat, que determinó la sanción y elevó una propuesta a Madrid para que estas empresas no puedan contratar más con la administración pública. Muchos meses después, nada se sabe de esta propuesta.

La investigación sobre las ayudas para el fomento del valenciano trata de esclarecer si las subvenciones están bien justificadas y si no se han utilizado las mismas facturas para validar las ayudas recibidas en distintos territorios.

Además, y en base al informe de la Guardia Civil sobre este caso –un documento de casi 400 páginas– va a solicitar nuevas diligencias para que declare Rubén Trenzano, cargo de Compromís en la conselleria de Educación, que figura en la causa en calidad de investigado. También van a solicitar la declaración de testificales de varias empresas y personas vinculadas a la trama para clarificar parte de los gastos realizados, además de la solicitud de los expedientes completos al Gobierno de Aragón, que también entregó dinero a algunas de las productoras de televisión investigadas.