Un anticipo que no tapa el maltrato de Sánchez a la Comunitat

El PSPV no se prodiga en exceso a la hora de poner en valor las medidas financieras del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Comunitat Valenciana, probablemente porque no tiene demasiadas oportunidades de hacerlo. Este domingo, el portavoz socialista José Muñoz sí desvelaba que el ministerio de Hacienda había concedido el pasado mes de enero a la Generalitat un anticipo de 500 millones correspondientes a la liquidación del sistema de financiación autonómica. El síndic denunciaba además que Carlos Mazón hubiera ocultado esa transferencia y que no admitiera que había recibido del Ejecutivo central «una inyección histórica de recursos y de liquidez».

El anticipo de la liquidación de la financiación autonómica responde a una solicitud de los responsables de Hacienda del Gobierno valenciano, que a la vista de la delicada situación de las arcas autonómicas reclamaron al ministerio recibir antes de tiempo unos fondos que, de otra forma, habrían llegado en verano. No es, evidentemente, un dinero que no le correspondiera a la Comunitat, sino que únicamente se reclamó antes, para solventar una situación de tensión de tesorería. «Este dinero debería haberse incluido desde el principio en las entregas a cuenta, no en julio como parte de la liquidación», se señala desde la conselleria de Hacienda.

Dicho eso, el anticipo de 500 millones tiene un impacto muy puntual en las cuentas autonómicas. Las medidas con las que el Consell podría resolver la asfixia financiera que atraviesa la Comunitat dependen todas del Gobierno de Sánchez. Y por el momento ninguna de ellas ha visto la luz. Entre otras, la que solicitaba recursos a fondo perdido a la administración central para atender los gastos derivados de los daños causados por la dana.

A esa petición, por carta, de la consellera de Hacienda Ruth Merino, respondió también por escrito la vicepresidenta María Jesús Montero alegando que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) no podría acordar la disposición de recursos a fondo perdido para ninguna CCAA. Una explicación más que discutida desde la administración autonómica, que encontró ejemplos de que ese planteamiento no había existido en otras situaciones de emergencia.

Para el Consell, los 500 millones de anticipo no resuelven el problema, este sí de máxima gravedad, que supone la decisión de la comisión delegada de asuntos económicos de no mantener el FLA extraordinario para 2025. Con ese FLA, el Gobierno atendía los excesos de déficit de las CCAA. En el caso de la Comunitat Valenciana, un déficit vinculado no al exceso de gasto, sino a la falta de recursos del sistema de financiación autonómica.

En este caso fue el presidente Carlos Mazón el que remitió una carta a Pedro Sánchez solicitándole que diera marcha atrás a esa decisión. Sánchez le contestó a Mazón que el PP no había aprobado la senda de déficit, sin aclarar exactamente qué vinculación tenía esa posición parlamentaria con el extra FLA. El presidente de los empresarios valencianos, Salvador Navarro, también mandó otra carta a la vicepresidenta Montero reclamándole exactamente lo mismo.

No hay recursos a fondo perdido, no hay extraFLA, no hay nuevo sistema de financiación autonómica y tampoco hay fondo de nivelación, que es el que piden las cuatro regiones infrafinanciadas –la valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha- para situarse al nivel de la media de las autonomías del régimen común.

Muñoz sacó pecho de un anticipo de la liquidación, que forma parte del mecanismo incorporado al actual sistema de financiación autonómica. El otro, el de las entregas a cuenta, también viene siendo objeto de cuestionamiento, dado que, al no aprobarse PGE para 2025 y al dejarse fuera del decreto ómnibus, no se han actualizado las cantidades a recibir por las CCAA. «La Generalitat Valenciana está ingresando actualmente casi 200 millones de euros menos cada mes de lo que le correspondería porque el Gobierno de España no ha actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación (estamos recibiendo las de 2023)», se remacha desde el departamento que dirige Merino.

En lo que sí que está el departamento de Montero es en la negociación de la quita de la deuda pactada por el PSC con los independentistas catalanes a cambio de la investidura de Salvador Illa. La semana pasada la conselleria de Hacienda mantuvo una reunión telemática con los responsables del ministerio en la que se trasladó su disponibilidad al diálogo siempre que se respetara el marco multilateral y la posición mayoritaria expresada por las comunidades autónomas en el último pleno del CPFF. No se puede aceptar una propuesta «diseñada al gusto de los independentistas y que ignora las necesidades reales de la Comunitat Valenciana», se señaó.

También ha manifestado que la propuesta «excluye de manera flagrante a la Comunitat Valenciana de la fase que supuestamente debía corregir la infrafinanciación». Por ello, han solicitado que cualquier solución al problema del sobreendeudamiento autonómico vaya ligada a la reforma urgente del sistema de financiación para garantizar la equidad y la suficiencia de recursos.

En ese encuentro, la Generalitat también aprovechó para trasladar al Ministerio de Hacienda la situación de la deuda comercial de la Comunitat Valenciana y exigir la actualización inmediata de las entregas a cuenta para 2025 mediante un Real decreto-ley específico una vez descartada por el propio Gobierno la presentación del proyecto de PGE. También ha solicitado que se permita la financiación mediante el FLA extraordinario del exceso de déficit de 2024.

Sin embargo, la respuesta del Ministerio a ambas peticiones ha sido que no hay fecha prevista para atender ninguna de estas dos peticiones que comprometen la liquidez disponible para atender el gasto corriente.

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