Anticorrupción atrapa a Francis Puig: facturas duplicadas, dudosas y pagos no acreditados

La Fiscalía contra la Corrupción, tras examinar las diligencias previas realizadas por el juzgado de Instrucción 4 de Valencia que investiga el presunto fraude de subvenciones del cártel de las productoras que lidera Francis Puig, solicita la declaración en calidad de investigados del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y del empresario Juan Enrique Adell Bover, por las facturas cuyos pagos no han podido ser acreditados o no han podido ser determinadas. El caso está abierto por el cobro de subvenciones de varias administraciones como la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña para el fomento de la lengua.

El informe de la Policía Judicial, según la consta en el documento de la Fiscalía Anticorrupción, señala cuatro tipo de irregularidades en la justificación de los gastos por parte de Francis Puig y sus socios.

El primero, la existencia facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones «en mayor cuantía que la que correspondería». En los gastos de 2015, Comunicacions dels Port, empresa de Francis Puig, habría adjuntado facturas de la productora Mas Mut «cuyo abono no ha quedado acreditado». A la inversa también se da el caso. La misma irregularidad se ha encontrado en Canal Maestrat, empresa de los hermanos Adell Bover. Un actuación que se extiende entre 2015 y 2018. «Estos hechos podrían ser constitutivos de delito de falsedad mercantil», señala la Fiscalía.

Otra de las irregularidades detectadas es la presencia de facturas que no se pueden considerar como gasto subvencionable. Si es así, está conducta sí que podría entrar, según Anticorrupción, «en la del falseamiento que exige el fraude de subvenciones». Hay facturas duplicadas o de suministro de energía que no se corresponden con el domicilio social de la empresa.

La tercera irregularidad es la detección de gastos imputados al 100% a las ayudas de la Generalitat Valenciana y a las dirigidas a la Generalitat de Cataluña. De esta manera ingresaban de las dos administraciones y justificaban con un mismo gasto. El informe policial pone el acento en este caso en las ayudas recibidas desde el Gobierno catalán y la Fiscalía reclama que se coteje con la cuantía recibida en Valencia, «para averiguar el exceso de gasto acreditado».

La última irregularidad es la omisión en la solicitudes de que se han recibido ayudas por la misma finalidad, «especialmente con las ayudas recibidas por Cataluña».

La regulación penal de todos estos hechos exige que sea por una cuantía superior a los 120.000 euros, por lo que «se hace necesario determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas» por las empresas de Francis Puig y de sus socios, los hermanos Adell Bover. La Fiscalía reclama que tanto la Generalitat Valenciana como la de Cataluña realicen sendos informes de auditoría para determinar las subvenciones recibidas entre 2015 y 2018.

Francis Puig ha sido citado a declarar en calidad de imputado el 23 de mayo por un presunto fraude de subvenciones y su socio, Juan Enrique Adell Bover, lo hará dos días después. Desde la llegada del Botánico al Consell se han repartido más de un millón de euros en subvenciones.

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