Anticorrupción ve delito en los gastos electorales de Betoret pero pide que declare como testigo al haber prescrito

El diputado nacional del PP Vicente Betoret tiene un nuevo frente judicial en el caso Imelsa por su etapa como alcalde de Vilamarxant. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó actos electorales al margen de la contabilidad oficial del partido auditada por el Tribunal de Cuentas.

Estos trabajos fueron facturados por Thematica, la empresa de Rafael García Barat y donde Marcos Benavent era un socio en la sombra. Anticorrupción quiere que el responsable popular comparezca en el juzgado para explicar esta sospechosa operativa. Lo hará como testigo -en teoría con la obligación de decir la verdad- y no como investigado porque los delitos de los que podría ser acusado han prescrito, según recoge el informe del ministerio público. La cantidad bajo sospecha son algo más de 8.000 euros de las elecciones municipales de 2007. Entre los trabajos investigados, al parecer, se encuentra una sesión de fotos del propio candidato.

El diputado, persona del equipo más próximo a Pablo Casado, se vio envuelto en la polémica cuando en su día Marcos Benavent le acusó de ser uno de los dirigentes del PP que recibía comisiones en aquellas sobremesas obscenas en las que supuestamente se repartían sobres. Juan José Medina, el que fuera coordinador de los gastos de la formación de la provincia de Valencia, también aparece señalado en ese mismo informe por la opacidad en la campaña electoral en el municipio de Moncada.

El Ayuntamiento de Valencia, por otra parte, analiza ya con detenimiento las informaciones publicadas sobre el supuesto amaño del Bibliobus en las ediciones de 2008 y 2009, cuando el PP gobernaba el Consistorio, para decidir si se persona en la causa para ejercer la acusación particular. Fuentes municipales informaron ayer de que los servicios jurídicos están estudiando esta posibilidad y comunicarán la decisión en los próximos días.

La Fiscalía Anticorrupción, al igual que en el caso de Betoret, ha solicitado la declaración de la que fuera concejal de Cultura, Mayrén Beneyto. La edil sería la responsable de la contratación de este evento en 2009. El ministerio público también ve indicios de delito, pero pide su declaración como testigo al haber prescrito los hechos. En la iniciativa de 2008, la concejal era María José Alcón, esposa del vicealcalde Alfonso Grau, fallecida durante la instrucción.

La investigación se centra en el fraccionamiento de contratos a favor de las empresas de Rafael García Barat, socio de Marcos Benavent en la empresa Thematica. La firma obtuvo cerca de 178.000 euros en los dos años que se organizó la iniciativa, un préstamo de libros itinerante en las playas de la ciudad.

La causa, secreta hasta hace apenas una semana, implica a Francisca Tamarit, la que fuera jefa de Servicio de Cultura durante la época de estas irregularidades que la UCO ha detectado durante la elaboración de su último informe. Tamarit sigue actualmente en el Consistorio en el puesto de jefa de servicio de Sociedad de la Información, departamento bajo las órdenes del PSPV. Fuentes municipales consultadas por LAS PROVINCIAS manifestaron ayer que no existe cobertura legal para retirar a Tamarit las responsabilidades que gestiona. Se trata de una investigación en su fase embrionaria y todavía no existe un auto que recoja los indicios incriminatorios contra la alta funcionaria. Tampoco se ha formulado hasta la fecha acusación contra la mujer. No es la única trabajadora del Consistorio que ha prestado declaración por estos hechos. Las diligencias han arrastrado también a Amparo Albors, subordinada de Tamarit y posteriormente jefa de servicio de Recursos Culturales.