![Anticorrupción busca facturas clonadas de la empresa de Francis Puig](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202006/19/media/cortadas/francis-puig-k4KF-U110557419504XZE-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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La investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Valencia sobre las subvenciones concedidas a las empresas de Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación del Palau de la Generalitat. El eventual fraude que se podría haber cometido al recibir ayudas de distintas entidades e instituciones para cometidos similares o idénticos -tal y como ha denunciado el PP valenciano- ha provocado que Anticorrupción ponga el foco en esas subvenciones.
De hecho, la fiscalía ya ha pedido al juzgado que recabe diversos expedientes adjudicados a mercantiles de Francis Puig y sus socios, los Adell Bover, por parte del Consell y de la Diputación de Barcelona para estudiar si se clonaron facturas para acceder a subvenciones de entidades distintas.
Así consta en el escrito, consultado por Europa Press, que ha dirigido el ministerio público al juzgado que investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano tras una querella del PP. La fiscal realiza este requerimiento después de que el juzgado haya admitido la doble ampliación de la querella de los 'populares' en una causa que se dirige contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En concreto, el ministerio público pide al juez que recabe una copia de los expedientes de los contratos adjudicados durante los años 2015 a 2019 a Comunicacions dels Ports, productora de Francis Puig, desde la mercantil pública Xarxa Audiovisual Local SL, dependiente de la Diputación de Barcelona.
En la ampliación de querella presentada por los populares se relata que Puig habría empleado las mismas facturas para justificar subvenciones distintas recibidas por productos idénticos, quizás también cobrados a través de la Diputación de Barcelona. Los populares sostienen que el importe de la subvención recibida «se debería reducir si por los contenidos subvencionados, como es el caso, se hubieran obtenido ingresos por otras vías -además, procedentes de una sociedad pública-».
Anticorrupción requiere también de la Dirección General de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana una copia de los expedientes correspondientes a las subvenciones del Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (Avalem Joves), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como del Programa de fomento de conversión a indefinido de los contratos temporales de determinados colectivos vulnerables otorgadas en el mismo periodo de tiempo a Mas Mut Produccions SL, Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL.
Fiscalía asume la tesis de los populares, que remarcaban que esas subvenciones tenían como finalidad última la creación de empleo para personas jóvenes -diferenciando, a su vez, hombres y mujeres-, así como personas de determinados colectivos vulnerables. Sin embargo, el PP señalaba en su ampliación de querella que esas ayudas se habrían justificado con la contratación y pago de las correspondientes nóminas de los trabajadores de ambas empresas, aunque ese concepto ya habría sido subvencionado, «por lo que estaríamos ante un supuesto adicional de duplicidad de subvenciones». Además, la documentación a la que habría tenido acceso el PP valenciano, y que está presentada en el juzgado, constataría que, en contra de la finalidad sostenida por la subvención -la contratación de trabajadores- la plantilla de las productoras se habría mantenido igual o incluso se habría reducido.
Los populares añaden además que, en cuanto al posible fraude de subvenciones que se habría producido, un mismo concepto -las nóminas de los trabajadores- «se habría subvencionado no ya dos veces, como sabíamos (es decir, por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya), sino incluso tres veces, ya que además se habrían subvencionado en los programas de fomento del empleo antes referidos».
Fiscalía también reclama a la Tesorería de la Seguridad Social que remita los empleados que constaban dados de alta en estas últimas sociedades durante los ejercicios 2015 a 2019.
En su escrito, la fiscal justifica estas peticiones en la necesidad de calcular el importe total de las subvenciones concedidas para estudiar su legalidad, así como su compatibilidad en relación con los conceptos.
La fiscal detalla en su escrito contratos e importes adjudicados a la empresa Nord-Comunicacions dels Ports desde Xarxa Audiovisual Local publicados en el portal de Transparencia. Así, en 2016 resultó adjudicataria de contratos por 25.846 euros; en 2017 de 53.508; y en 2018 de 68.460 euros.
La causa investigada en el juzgado de instrucción número 4 se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En total, ha presentado dos ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano -más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015- «sin ningún tipo de control».
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como «socio» de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona --Comunicacions Els Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.--. El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción.
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