Anticorrupción pedirá un rastreo de los bienes de Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis

La investigación del blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP ha eclipsado, en cierta medida, el resto de diligencias que se siguen en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Hasta tal punto que la presión mediática y judicial que durante los primeros compases de la investigación soportó Alfonso Rus no tardó en desviarse hacia una figura de mayor repercusión nacional: la exalcaldesa Rita Barberá.

Así, Alfonso Rus y su grupo de colaboradores más próximos, quienes supuestamente se encontraban en la cúpula de esa «organización criminal» de la que hablaba la Fiscalía, han disfrutado de cierta tranquilidad durante el último año y medio. Precisamente la investigación sobre los sobrecostes de la empresa de construcción de colegios Ciegsa es la que concentra buena parte de las sospechas de irregularidades. Era de esa entidad de dónde supuestamente se obtenían las grandes mordidas, parte de las cuales presuntamente se utilizaban para financiar al Partido Popular, siempre según las pesquisas de la UCO.

Pero la fiscalía no se olvida de esa pieza, la principal de la conocida como trama Imelsa, en la que el papel del exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla se antoja muy relevante. No hay que olvidar que la Guardia Civil realizó un registro de su chalé con perros especializados en la detección de dinero por si el alto cargo popular había ocultado -o incluso enterrado- parte del supuesto botín.

La fiscalía pedirá al juez que se recurra a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un organismo relativamente reciente para rastrear el patrimonio que pudiera tener oculto el responsable. En su día, el ministerio público ya hizo lo propio con Alfonso Rus. La idea es ampliar estas pesquisas al que fuera su jefe de gabinete, Emilio Llopis, y al ex vicepresidente de la Diputación de Valencia y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina. La citada oficina es un órgano que cuenta con personal especializado en detectar bienes. Se trata de una entidad más especializada en estas tareas que, por ejemplo, la Agencia Tributaria. Además, las pesquisas se extienden también al extranjero.

La búsqueda de ese patrimonio se orientaría a garantizar el pago de las responsabilidades civiles en el caso de una hipotética condena. Esta parte de la investigación se basa hasta ahora fundamentalmente en el testimonio y las grabaciones de conversaciones privadas que en su día registró el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Todavía permanecen amplias zonas de sombra sobre la investigación de esta relevante pieza de la trama. Nada nuevo se ha conocido, por ejemplo, de aquel informe de la UCO que detallaba toda el organigrama de la supuesta financiación ilegal del PP y la existencia de una caja B para el pago de actos electorales. En ese trabajo de la UCO, que se conoció cuando se levantó el secreto de las actuaciones, se situaba al expresidente Francisco Camps como el recaudador del PP. Esta operativa supuestamente también salpicaba de manera directa al exvicepresidente y actual diputado nacional, Gerardo Camps. La Guardia Civil llegó incluso a reflejar el enfrentamiento entre dos grupos dentro del propio partido por recaudar dinero.

Las otras piezas, como el amaño del call center de la Diputación de Valencia o la contratación de trabajadores zombies -cobraban sin desempeñar una función- en Ciegsa o Imelsa, avanzan a ritmo desigual. Este año se espera concluir al menos una de las causas.