Anticorrupción pide ampliar el informe sobre la fundación de la visita del Papa

La declaración del inspector de la Intervención General del Estado prevista para esta mañana sobre el informe de los contratos de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa a Valencia ha sido suspendida. El especialista detectó graves irregularidades en el análisis de la gestión de la entidad, que recibió la inmensa mayoría de sus ingresos de las Administraciones públicas, en concreto la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación. Sin embargo, el fiscal solicitó una ampliación de ese informe y las defensas han pedido que el interventor no declare hasta que no se aporte el nuevo expediente.

La visita de Benedicto XVI en el verano de 2006, a los pocos días del accidente de metro que costó la vida a 43 personas, fue un acontecimiento en el que el Gobierno de Camps se volcó. La Fundación fue el instrumento creado para el impulso y contratación de todos los proveedores del evento. Pero se hizo al margen de la ley, según recoge el dosier inicial presentado por el órgano auditor del Estado. Hoy 11 contratos están bajo sospecha. Desde los urinarios alquilados para el evento pasando por el encargo de miles de mochilas del peregrino o incluso la construcción del imponente altar en el viejo cauce del Turia. «Existe un incumplimiento reiterado de la legalidad», coincide este informe con el de la Udef. Además de obviar la convocatoria de concursos públicos, desde el primer momento «rebasó su capacidad presupuestaria» y se incurrió en presupuestos de gasto muy por encima de sus posibilidades, es decir, se realizaron inversiones siendo conocedores de que no podrían hacerles frente. «No había plan de viabilidad», subrayaron.

Tres destacados exdirigentes del PP, como Víctor Campos, Francisco Camps y Juan Cotino se encuentran investigados en este asunto, que también ha salpicado al obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero y al exsecretario del Arzobispado, Antonio Corbí. La estrategia de defensa de los imputados, de entrada, se basa en demostrar que la fundación V Encuentro no debía someterse a las normas de contratación públicas porque, en realidad, operaba como una empresa privada. Un experto de la Universidad de Alcalá Jorge García Andrade ha presentado un informe que defendería esa tesis, la naturaleza pública de la fundación.