Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel a Caturla por ocultar su patrimonio a la acción de la Justicia

No son tiempos fáciles para el exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. Acaba de terminar el juicio de los 'zombis' donde la reclaman 12 años de prisión. Una amenaza suficientemente importante como para estar intranquilo. Pero, además, Caturla debe afrontar otro juicio en unos meses, el de la ocultación de sus bienes durante la investigación del caso. Anticorrupción reclama dos años y medio de prisión por estos hechos, según han confirmado desde la Fiscalía General del Estado (FGE).

La acusación pública considera que el exdirigente popular es autor de un delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. De igual modo, se reclama una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros. En total, 10.800 euros. Al resto de acusados, todos familiares del político, no se les pide pena de cárcel.

Un informe de la UCO relataba la supuesta operativa para trasladar buena parte del patrimonio personal a sus hijos y a la empresa familiar Estilo Kiki, dedicada a la producción de tomate. La instrucción validó los indicios incriminatorios contra Caturla y sus allegados.

Las propiedades de Caturla eran cuatro inmuebles: la finca la Corona con un vivienda en el terreno, un chalé en Dénia, una parcela rústica de 14.000 metros en Fontanars dels Aforins y la mitad de una nave industrial en ese mismo municipio.

Además, tenía 18 vehículos a su nombre entre motos, coches, remolques y maquinaria agrícola. Buena parte de estos bienes los vendió para beneficiar luego a la empresa, que ya contaba con importantes activos. Sus acciones las donó a sus hijos, pero conservó el usufructo.

Caturla todavía tiene pendiente un último frente, con independencia del desenlace de los dos anteriores. Se trata de la pieza de las irregularidades en la construcción de colegios públicos a través de Ciegsa. La UCO sospecha que se cobraron comisiones por la adjudicación y el posterior modificado de actuaciones en centros escolares.

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