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La fiscalía quiere que la Guardia Civil tenga acceso a algunos de los despachos del áreaque gestiona Rubén Trenzano, procesadopor las ayudas al valenciano. J.S.
Fiscalía pide que la Guardia Civil entre en Educación a por papeles de las subvenciones a Francis Puig

Fiscalía pide que la Guardia Civil entre en Educación a por papeles de las subvenciones a Francis Puig

Anticorrupción quiere que la Policía Judicial haga un informe sobre las ayudas recibidas y solicita que Presidencia entregue todos los expedientes

Miércoles, 8 de julio 2020

La Fiscalía Anticorrupción quiere que la Guardia Civil haga un informe y un análisis sobre el caso que se sigue contra el cártel de las productoras, las empresas de comunicación de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Francis Puig, y sus socios, los hermanos Adell Bover, para analizar todos los pagos realizados y las justificaciones aportadas por estos empresarios para validar los cientos de miles de euros de dinero público recibidos de distintas administraciones para el fomento del valenciano y del catalán. Entre las peticiones que realiza la Fiscalía está que la Guardia Civil se persone y entre entre en las oficinas del departamento de Política Lingüística de la conselleria de Educación para poder acceder a varios de los expedientes investigados y que el área de Presidencia de la Generalitat valenciana aporte también toda la información requerida.

El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a las empresas de comunicación Comunicacions dels Ports y Mas Mut de Francis Puig entre 2015 y 2109, recibió el pasado 6 de julio la petición de Anticorrupción. Una investigación que se amplió a las subvenciones adjudicadas a Kriol y Canal Maestrat, propiedad de los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig, y a TV CS Retransmisions, otra de las sociedades vinculadas al conocido cártel de las productoras.

Las irregularidades, según el escrito de la Fiscalía dirigido al juzgado para que autorice la intervención de la Guardia Civil, «se centran en el presunto falseamiento de los gastos subvencionados, parte de los cuales son fruto de la facturación cruzada entre algunas de las empresas beneficiarias de estas subvenciones o de otra entidad que, sin ser solicitante de subvención alguna, se encuentra vinculada».

Anticorrupción apunta también que se han detectado gastos emitidos por empresas del mismo grupo y que en las solicitudes de subvención se han incluido «los mismos gastos que en otras peticiones sin determinación de los porcentajes de utilización, duplicándose o triplicándose la solicitud de ayudas por el mismo concepto subvencionable». La Fiscalía pide que el juzgado autorice a la Guardia Civil a consultar todos los datos disponibles. Entre la documentación para ser estudiada se piden los dos discos duros remitidos por la conselleria sobre las ayudas a Mas Mut y Comunicacions entre 2015 y 2018, además de los expedientes que facilitó la Generalitat de Cataluña sobre las ayudas en el mismo periodo además del ejercicio de 2019.

Además, se piden los expedientes de las ayudas a las empresas de los Adell Bover, que han sido proveedoras de las productoras de Francis Puig durante varios años. Como esta documentación no figura unida a la causa, Fiscalía apunta que interesa que la documentación sea recabada por la Guardia Civil en la dirección general de Política Lingüística de la conselleria de Educación y Cultura. El director general de este departamento, Rubén Trenzano, está procesado y el PP pide seis años de prisión por un presunto delito de falsificación de documento público.

Además de permitir la entrada en la conselleria que dirige Vicent Marzà, Anticorrupción solicita al juzgado que el área de Presidencia de la Generalitat valenciana colabore y remita a la Guardia Civil todos los expedientes de subvenciones aprobadas a favor de Canal Maestrat, la empresa de comunicación más importante de la familia Adell Bover. Esta productora también fue la adjudicataria de cuatro ayudas por parte de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2018.

Además, la última de las peticiones se dirige al Gobierno de Aragón para poder valorar las ayudas que favorecieron a la firma Mas Mut de Francis Puig y analizar cómo se justificaron este tipo de ayudas, vinculadas algunas a programas rurales.

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