Anticorrupción pide imputar de nuevo a Domínguez por el blanqueo en el PP

valencia. Anticorrupción quiere volver a imputar a Miquel Domínguez por su supuesta participación en el blanqueo de 50.000 euros en el grupo municipal del PP. El fiscal ha presentado recientemente un escrito en el TSJ donde reclama que la parte del sumario que se envió en su día -Domínguez era aforado en Les Corts- se devuelva al juzgado de Instrucción 18 «para reabrir nuevamente la causa» contra él ahora que ya no goza de la condición de diputado.

El alto tribunal archivó las diligencias al no apreciar delito por parte del entonces aforado tras el testimonio favorable de la exconcejal fallecida María José Alcón, que cambió su versión inicial. Sin embargo, el ministerio público entiende que ese sobreseimiento, decretado en febrero de 2017, se acordó en una fase muy prematura de la investigación. Ahora, con el avance de las pesquisas tras más de dos años de indagaciones, existirían indicios para reabrir el procedimiento, siempre según el fiscal.

Anticorrupción, en su escrito, detalla los nuevos argumentos incriminatorios contra Domínguez y, en realidad, contra el resto de investigados, el medio centenar de personas entre concejales, exediles, asesores y antiguos colaboradores de los populares. Así, subraya que la investigación ha acreditado «un alto grado de prácticas corruptas en el Ayuntamiento». En este sentido, recuerda que todas las campañas -de 2007 a 2015- se han caracterizado por exceder el máximo permitido y al margen de cualquier sistema de control financiero. Destaca el papel de las dos agencias de comunicación implicadas, Laterne (2007) y Trasgos (2011), y cómo en realidad se trataba de instrumentos empresariales para canalizar aportaciones de empresarios a la campaña electoral. Los colaboradores en esa caja B del grupo municipal eran los principales contratistas del Ayuntamiento, incide la acusación pública.

Todos estos datos no fueron examinados al decretar el archivo de la causa el TSJ porque las diligencias se seguían en el juzgado de Instrucción 18. Lo habitual en investigaciones de este tipo, cuando un aforado reúne indicios de una actividad delictiva, es agotar la instrucción en el juzgado unipersonal y una vez completada la investigación remitir la causa, total o parcialmente, al alto tribunal. Así se hizo con el caso Cooperación, que terminó con la condena del exconseller Blasco. Sin embargo, con el blanqueo del PP la causa se elevó al TSJ en los momentos iniciales del procedimiento. Esto ha derivado en una situación cuanto menos excepcional. Domínguez cuenta con un auto de archivo del TSJ, pero el fiscal pretende 'reimputarlo'.

Otro de los datos que aporta Anticorrupción para investigar a Domínguez son las declaraciones que en su día realizó el auditor de los populares en Génova, en las que afirmaba que la cuenta donde los investigados hacían las presuntas donaciones de mil euros -el fiscal sostiene que ese dinero se devolvía posteriormente con dos billetes de 500 euros- no pertenecía al partido, es decir, se operaba con una cuenta al margen de cualquier fiscalización. De igual modo, recoge la acusación pública aquella propuesta que realizó la entonces edil socialista Ana Botella, que en 2006 denunció los pagos irregulares de una serie de fundaciones controladas por el Ayuntamiento a las agencias que organizaban la campaña de los populares, como Laterne. Domínguez fue uno de los ediles que votaron en contra de la citada comisión.