Anticorrupción pide informes sobre otros tres amaños de Blasco en Sanidad

Anticorrupción no se ha olvidado del denominado caso Abucasis, otra de las investigaciones que pivotan alrededor de las adjudicaciones de Rafael Blasco, en este caso, como conseller de Sanidad. El asunto acumulaba unos cuantos meses sin actividad significativa y varios investigados habían solicitado el archivo de las actuaciones. El juez lo ha rechazado. La fiscalía acaba de entregar un escrito en el juzgado en el que solicita una batería de diligencias para dar un impulso a la causa tras apreciar que el supuesto amaño de contratos pudo afectar también a otros tres expedientes de la conselleria. De nuevo, aparece el inseparable compañero del político popular en estos tejemanejes, el empresario de Alzira Augusto César Tauroni.

El ministerio público sospecha que, aparte de dos contratos del Abucasis, una aplicación para la consulta de los historiales clínicos, se pudieron cometer graves irregularidades en otros departamentos. Por ejemplo, cita el sistema informático de gestión del banco de biomuestras en el Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública y otros centros públicos de la conselleria de Sanidad. El escrito recoge también las sospechas sobre el portal de farmacoepidemiología del CSISP y otra aplicación para localizar información de nutrición.

La mecánica delictiva resulta idéntica a la ejecutada en otras operaciones: la subcontratación encubierta. Las mercantiles que obtienen esos contratos son Dimensión Informática y Ingenieria y Software Y consulting. Sin embargo, ambas se comprometen con Dinamiz-e, la firma de Tauroni, para abonar a esta un tanto por ciento del importe de la adjudicación sin que exista ningún trabajo que lo justifique. La acusación cree que es un sistema para camuflar el cobro de comisiones, pero considera necesario para su «constatación» un informe de la Intervención de la Generalitat. Así, solicita a los expertos del órgano un «informe recapitulativo» de las graves deficiencias del proceso de contratación. Se pretende una «visión de conjunto» de toda la investigación que incluya o rechace las tesis apuntadas en los informes anteriores, que firman diferentes profesionales.

No es la única diligencia que ha encargado la Fiscalía Anticorrupción y que el titular de Instrucción 6 ha aceptado. El responsable del ministerio público ha requerido a la Generalitat valenciana para que remita toda la documentación sobre los citados nuevos expedientes, así como la justificación de los supuestos trabajos realizados por las adjudicatarias, los empleados, los equipos directivos y de control. Además, solicita los informes de auditoría de dos expedientes ya que se da la circunstancia de que fueron financiados con fondos europeos.

En las próximas fechas, el juez instructor también ha acordado que se cite a una decena de testigos relacionados con estos expedientes. Se trata de personal de la conselleria y trabajadores de las mercantiles. Hacienda también preparará un informe ampliatorio sobre las relaciones comerciales de las sociedades del empresario de Alzira.

La investigación de la etapa de Blasco en la conselleria de Sanidad está declarada causa compleja desde mayo de 2016. Esta categoría confiere 18 meses de plazo para completar la instrucción, periodo que se puede ampliar si se dan ciertos requisitos. El fiscal, en el mismo informe aportado recientemente, pide que no se dé por finalizada la investigación y que se acuerde una prórroga extra de un año. La causa mantiene imputados tanto a Blasco como a Tauroni. También tiene la misma condición Tina Sanjuán, la mano derecha del político a lo largo de la extensa carrera.

El exconseller tiene otras causas pendientes. Ahora, la Audiencia debe resolver -se espera que lo haga en breve- los recursos interpuestos contra el auto que equivale al procesamiento en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. Se trata de subvenciones a diferentes ONG's y del fallido proyecto del hospital de Haití. Durante meses se negoció una conformidad entre las acusaciones que se basaba en un confesión del propio Tauroni -finalmente su declaración se alejó de lo que había pactado con Anticorrupción- y el pago de la responsabilidad. Entre todos los responsables abonarían cerca de tres millones de euros a cambio de penas mínimas que no supondrían la entrada en prisión. La negociación se rompió. Y hoy en día la posibilidad de un acuerdo parece algo remota.

La única noticia positiva para Blasco en los últimos meses ha sido un permiso penitenciario. El siete veces conseller salió de la cárcel durante 72 horas para disfrutar de su familia. No obstante, esta autorización podría ser cancelada. La fiscalía ha decidido recurrir la concesión de los permisos penitenciarios.