Anticorrupción pide cinco años de cárcel al exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina por el saqueo de Imelsa

El juzgado ha dictado el primer auto de apertura de juicio por una de las investigaciones derivadas de la macrocausa de Imelsa, en concreto, las graves irregularidades alrededor de la empresa Thematica, la mercantil que controlaba el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, ahora colaborador de la Justicia. La empresa supuestamente corrió con gastos de actos electorales del PP -será responsable civil subsidiario- del municipio del exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina y de la campaña de Vicente Betoret. Además, en esta misma pieza se investiga el desvío de fondos de un evento del MuVim, así como los amaños en dos contratos del Ayuntamiento de Valencia. Una alta funcionaria del Consistorio, Francisca Tamarit, también será juzgada. Se enfrenta a siete años de cárcel por la comisión de diferentes delitos.

La calificación de la Fiscalía Anticorrupción era esperada para conocer el grado en que el ministerio público premiaba la colaboración del denominado yonki del dinero. El fiscal solicita ocho años y tres meses de prisión por estos hechos. Se trata del mayor castigo para todos los encausados en esta causa. Buena parte de las investigaciones en el caso Imelsa se sustentan en las grabaciones y declaraciones policiales y judiciales de Marcos Benavent que tras su fuga decidió regresar a España y colaborar con la Fiscalía. De igual modo, otro de los acusados más relevantes de este expediente, es el vicepresidente de la Diputación Juan José Medina. El ministerio público reclama cinco años de prisión. Estas solicitudes se han conocido hoy después de que el pasado viernes el juzgado notificara un escrito de acusación en el que se omitían, por error, la pena a la mayoría de procesados.

El pago de actos electorales es una cuestión que en diferentes piezas, como la del blanqueo del Ayuntamiento de Valencia, ya se analiza como práctica 'habitual' en la organización de los populares. De hecho, en la Audiencia Nacional los empresarios admitieron a cambio de una rebaja de pena que costeaban actos del PP a través de facturación ficticia con las empresas encargadas de la campaña. En este asunto se analizan pequeños actos o servicios en las localidades de Moncada y Vilamarxant. La investigación apunta a cómo estos se costearon desde Imelsa.

En otro vértice de las pesquisas, la UCO ha detallado cómo se logró desviar más de 100.000 euros de un espectáculo audiovisual para el MuVIM a la empresa Thematica, de la que tenía el 40% de las acciones a través de un contrato privado. Este movimiento de dinero, en parte, le permitió la compra de un apartamento en Xàbia.

Por último, los investigadores aclararon el trato de favor que recibió Thematica del Ayuntamiento de Valencia gracias, en parte, a la exconcejal de Cultura, María José Alcón. Benavent y su socio recibieron 178.000 euros en dos años por el conocido como Bibliobus, una biblioteca itinerante para las playas de Valencia.