Anticorrupción pide volver a imputar a Rus por la financiación ilegal del Olímpic

Anticorrupción ha asumido la investigación al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por la supuesta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva. La causa, que comenzó por una denuncia de la propia Diputación en la etapa del PP ante las irregularidades de un taller de empleo en Llutxent, se tramita en el juzgado de Instrucción 9 de Valencia al margen de la macrocausa de Imelsa y las respectivas piezas separadas que se siguen en Instrucción 18.

Sin embargo, la última comparecencia del exgerente de Imelsa Marcos Benavent propinó un giro de 180 grados a la investigación. El colaborador de la Fiscalía Anticorrupción manifestó que concedió esa subvención a una empresa de Llutxent, al borde de los 60.000 euros, porque Rus se lo ordenó.

La mitad de esa cantidad iría destinada a las cuentas del club de fútbol, presidido en su día también por el dirigente del PP. Pese a estas revelaciones, el juez decretó recientemente el archivo de la causa contra Rus al mismo tiempo que decidía procesar al exgerente de Imelsa. Ha sido ahora cuando Anticorrupción ha decidido intervenir directamente en el asunto. Su primer informe ha sido para solicitar la nulidad del auto anterior y la unión de estas pesquisas a las que actualmente se tramitan en el juzgado encargado de la macrocausa. De tal forma que Rus volvería a figurar como investigado.

Así, recuerda que los hechos encajan perfectamente en el esclarecimiento de un delito continuado de malversación en la empresa Imelsa, hoy rebautizada como Divalterra. En ese proceso, la financiación del club de fútbol sería una parte más del entramado delictivo. El fiscal, en un escrito al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, anuncia que la UCO ultima varios informes al respecto. Subraya, por ejemplo, la dificultad que han tenido los agentes porque toda la documentación de la etapa de Rus había sido eliminada.

Los especialistas han tenido que reconstruir «en la medida de lo posible» las finanzas de la entidad y su proceso de financiación. Del mismo modo, recuerda que el gerente del club, también investigado, se negó a dar explicaciones ante la ausencia de soportes documentales. El ministerio público sostiene que en esta causa existen más indicios que permiten mantener las sospechas alrededor del expolítico popular.

Además, recoge otras circunstancias que avalarían la tesis de la acusación, como el caso de Miguel Ángel Mullor, uno de los futbolistas del club que, sin embargo, cobraba un sueldo de la empresa Imelsa pese a que no tenía ninguna ocupación en la firma. El hecho de que sean 30.000 euros la cantidad reclamada por Rus tampoco es casual. El fiscal considera que la trama operaba habitualmente con esas cifras «en el saqueo del dinero público».

La investigación también cuenta con la confesión de José Estarlich, uno de los socios de Benavent en el desvío de dinero público y ahora también arrepentido. El investigado admitió que cobró de Imelsa sin desempeñar ningún trabajo. La empresa Divalterra, que ejerce la acusación en esta pieza, también apoya la posición del fiscal.