Anticorrupción, «preocupada» por la «tardanza» del último informe de la UCO sobre Rus tras siete años de pesquisas

El expresidente de la Diputación de Valencia fue detenido en 2016. Ni siquiera fue una sorpresa para él. Desde hacía meses se conocía la existencia de una investigación contra él y su núcleo de colaboradores, mientras los famosos audios se difundían con intensidad en los medios de comunicación. De aquello han transcurrido más de siete años. La UCO informó hace meses que todavía seguía analizando el material de los dispositivos informáticos acerca de los proyectos todavía bajo sospecha. Y debe seguir haciéndolo porque el trabajo no parece que esté concluido.

La Fiscalía, en un escrito de hace unas semanas, en el que se oponía a un recurso por parte de uno de los investigados, uno de los extestaferros de Marcos Benavent, asegura que comparte la «preocupación del investigado por el retraso en la tramitación de la causa y la tardanza en la presentación del atestado de la policía judicial».

La demora que acumula ya este proceso beneficiará a los acusados -si finalmente los hubiera- porque los retrasos no son imputables a los propios imputados sino a la investigación policial.

El ministerio fiscal, no obstante, recuerda que nos encontramos ante una causa de gran complejidad, el alto número de investigados y la formación de numerosas piezas separadas que no contribuyen «precisamente a facilitar una rápida instrucción».

La propuesta de instalar campos de golf en diferentes municipios fue una idea de la Diputación de Valencia, pero ejecutada por la empresa Imelsa, dominada en su momento por el gerente Marcos Benavent. El juzgado no tuvo otra posibilidad que decretar una prórroga de las diligencias para poder practicar, en el momento en el que llegue el dosier policial, nuevas indagaciones. Esta decisión ha sido recurrida.

Rus, desde el inicio de la macrocausa, ha tenido ya dos juicios. Por un lado, el de los conocidos como zombies de Imelsa, trabajadores que cobraban un sueldo sin ninguna ocupación. El expresidente aguarda la sentencia en un proceso en el que su entorno alberga una gran dosis de esperanza en que salga absuelto. Su equipo considera que no se han acreditado los indicios expuestos por la Fiscalía.

Recientemente, hace tan sólo una semana, se ha terminado el juicio por el call center, el centro de atención telefónica de la Diputación de Valencia, asunto donde también se sentó en el banquillo. Y aún tiene pendiente otras causas abiertas, como la de la averiguación de un supuesto patrimonio oculto en el extranjero, aunque todas las han resultado infructuosas.