Anticorrupción pierde un fiscal en Valencia al descender el número de casos

La Fiscalía de Valencia, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, ha decidido amortizar la plaza, tal y como confirmaron fuentes oficiales. Uno de los motivos es que la entrada de asuntos ya no justifica la presencia de un tercer delegado Anticorrupción.

El número de diligencias puede ser absorbido perfectamente por los dos responsables. Es un hecho indiscutible que la carga de trabajo ha disminuido en los últimos años. Sólo determinados asuntos, aquellos indiciariamente graves en los que está implicado un alto cargo de la Generalitat, del Gobierno o una empresa pública, son asumidos por la sección. En ocasiones, no obstante, la sección de Delitos Económicos se queda también con expedientes de esta naturaleza.

El cambio de paradigma ya parece ser un hecho. La Comunitat, por suerte, ya no vive en esa espiral de casos de corrupción que llevó en su momento a contar con tres fiscales Anticorrupción. Fue la época de Jesús Carrasco, primer especialista de Valencia, Vicente Torres y Pablo Ponce. Llegaron por ese orden. Sólo el último continúa en la sección; ahora el profesional más antiguo.

Carrasco presentó hace unos meses una carta de renuncia en la que alegaba motivos personales para apartarse de esta responsabilidad. Al margen de esas razones, los asuntos importantes de la Fiscalía ya no pasaban por sus manos y se encontraba ciertamente incómodo en aquella posición. Previamente, se había producido también la salida de Vicente Torres. El fiscal fue propuesto por el Botánico para una plaza de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) después de impulsar las principales investigaciones contra el Partido Popular. Suya fue, por ejemplo, la querella contra Camps por la Fórmula 1. También se encargó de otros asuntos de gran repercusión mediática, como el supuesto desfalco en RTVV o el presunto saqueo del Palau de les Arts. Pero las consecuencias de ambos expedientes no pasaron de los titulares. Los sumarios se cerraron con dos absoluciones.

En su lugar llegó Virginia Abad, que se sumó a Pablo Ponce. Es este profesional el que actualmente lleva una mayor carga de trabajo, con todos los asuntos derivados de la causa de Imelsa y Alfonso Rus, el caso Azud, con la implicación del exdelegado del Gobierno Rafa Rubio, y la investigación por la fortuna en el extranjero de Eduardo Zaplana.

Como tercera delegada Anticorrupción –ahora será ya la segunda– quedaba Adoración Cano. La fiscal se encargó, por ejemplo, de la segunda instrucción y calificación del accidente de metro de Valencia, el siniestro más grave de la historia ferroviaria en España. Ahora ha asumido el asunto de la malversación en Ivacor, entre otras diligencias.

La plaza de Anticorrupción no despertó tampoco demasiado entusiasmo cuando salió a concurso. De hecho, Cano fue la única aspirante pese a algunas consultas informales de otros profesionales con aparente interés. Pero Cano no dudó en buscar, en el último momento, otro destino: se presentó a una de las siete plazas para ser fiscales europeos delegados. El objetivo consiste en la creación de una especie de Fiscalía Europea centrada exclusivamente, al menos en esta etapa, en delincuencia económica. Serían los fiscales los que llevarían directamente la instrucción.

Los encargados de Anticorrupción están liberados de algunas tareas, como las guardias o hacer juicios en los penales y la Audiencia. En cambio, cobran un complemento económico como compensación. Los asuntos que llevan, de gran complejidad, les obligan a largos juicios, en ocasiones, de varios meses. Un ejemplo, el del IVAM que comenzó la semana pasada.