Anticorrupción quiere que Font de Mora declare como testigo en Ciegsa

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración como testigo de Alejandro Font de Mora, el exdiputado del PP y exconsellera de Educación en la etapa de Francisco Camps. El ministerio público considera necesario aclarar por qué en un pleno de finales de 2004 se le concede a Máximo Caturla todas las facultades para contratar en nombre de la empresa pública. La acusación pública tiene interés en conocer a qué motivo responde que se ampliara el poder del consejero delegado en la firma. Ahora, el juez debe decidir si acuerda su citación. Salvo sorpresa mayúscula, seguirá el criterio del fiscal.

La investigación sobre el cobro de mordidas por la edificación de centros públicos se ha acelerado en los últimos meses con la llegada de las periciales encargadas por el juzgado. Especialmente significativa resulta la del IES Cabanyal, donde los expertos detectaron 1,7 millones de euros sin justificar en los modificados al margen de otras graves irregularidades.

La Intervención elaboró recientemente un informe de unas actuaciones en Burriana -también se analizan unas dependencias en Xirivella– que se han incorporado a la causa. El órgano auditor encontró numerosas irregularidades en la tramitación de este proyecto. Entre ellas, por ejemplo, que los pliegos contemplaran que el consejero delegado de Ciegsa fuera a su vez presidente de la mesa de contratación (propone la oferta) y del órgano de contratación, que es el que resuelve. El juzgado ha imputado durante los últimos meses a cerca de una decena de personas, entre arquitectos y directivos de las firmas constructoras. Todos comparecerán el próximo mes de septiembre.

A Caturla se le ha considerado uno de los supuestos cabecillas de la trama del PP. De hecho, cuando la policía desarrolló la operación que terminó con la detención del consejero delegado y de Alfonso Rus al domicilio del primero llevaron un perro especializado en la detección de dinero porque se pensaba que quizá el exdirigente del PP pudiera guardar gran cantidad de efectivo. Esta pieza derivada del caso Imelsa ha servido como munición del Botánico contra el PP. Los socialistas y Compromís han insistido hasta la saciedad en un informe de la Intervención que alertaba de 1.000 millones de sobrecostes. La realidad es que el dosier nunca ha recogido esa cifra. De hecho, los sobrecostes fueron un 70% menores.