La ya famosa carta que Eduardo Zaplana envió desde la cárcel a la diputada Elvira Suances en la que temía haber sido víctima de las grabaciones del comisario Villarejotodavía no ha sido incorporada al expediente judicial.
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La jueza anunció en un auto que se incluiría en una de las piezas documentales, pero la representación legal del expresidente se opuso. El letrado consideró que esa documentación afecta a derechos fundamentales de su cliente y de la otra investigada y, además, que el contenido se sustenta en meras "elucubraciones" de una persona privada de libertad y con demasiado tiempo para pensar.
Pero Anticorrupción, en la línea de lo que ha manifestado la instructora, sostiene que el documento sí aporta información valiosa a la pieza y quiere que se incorpore. Así, considera que añade un indicio más de la estrecha confianza que mantenía el presidente en ese grupo de colaboradores y conocedores de sus actividades. No se puede olvidar que uno de los delitos que se investiga en el caso Erial es el de la organización criminal, un colectivo con funciones perfectamente definidas para delinquir. La carta también permite conocer algunas de las relaciones personales establecidas por Zaplana.
Se trata de una de las misivas en las que el exministro de Trabajo reflexiona sobre el miedo a haber sido víctima de las grabaciones de Villarejo y acerca de si el expresidente de Les Corts Juan Cotino ha tenido relación con el polémico mando policial durante su etapa al frente de la Policía.
La carta se envió desde la prisión de Picassent mientras el dirigente del PP cumplía con la medida cautelar pese al delicado estado de salud. Por aquel entonces, la diputada no estaba investigada judicialmente. Tras acordar su imputación, se procedió al registro de su vivienda. Entre la documentación requisada se encuentra la carta que ahora se cuestiona.
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La propia jueza de Valencia remitió en su día esta carta al juzgado de Instrucción número 6 de Madrid en una causa en la que se investigaba un delito de revelación de secretos acerca de informadores que trasladarían datos de investigaciones secretas en la Audiencia Nacional a los posibles perjudicados.
De igual modo, en este escrito, se hace referencia a que la "magistrada amiga" de la que se habla en otro procedimiento pudiera ser "la jefa del CNI". Esta no es otra que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero, al parecer, la causa donde se analizaban estas supuestas filtraciones, relacionadas con el caso Lezo, se archivó en su día ante la imposibilidad de imputar estas actuaciones a una persona en concreto. LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar información acerca del recorrido que tuvo esa documentación y si, en el momento en el que se recibió la causa ya estaba archivada. De momento, no se ha producido respuesta.
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El caso Erial mantiene investigados a más de una decena de personas. Aparte de Zaplana y su familia más cercana, la investigación ha salpicado a los Cotino como presuntos pagadores de las millonarias comisiones, al que fuera su jefe de gabinete Juan Francisco García y a su amigo de la infancia y testaferro, Joaquín Barceló, entre otros.
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