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La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado su intención de recurrir la absolución de Francisco Camps y del resto de exdirigentes de la Comunitat en la pieza V de la trama Gürtel, aquella que analizaba irregularidades en diferentes contrataciones de la Administración valenciana para favorecer a la ... trama liderada por Francisco Correa.
El movimiento que la pasada semana ejecutó la acusación popular, representada por el PSOE, ya anticipaba que la Fiscalía seguiría el mismo camino. Parecía poco probable que la acusación socialista se lanzara a una aventura judicial, de escaso recorrido, sin ir de la mano de la otra acusación para evitar, por ejemplo, una condena en costas. Una acción que siempre compromete la delicada contabilidad de los partidos políticos.
La sentencia se conoció antes del verano, pero fueron varios implicados quienes solicitaron una aclaración del fallo, lo que amplió los plazos para el eventual recurso. Se trata de la última acusación contra el expresidente valenciano que se mantiene todavía viva después de un calvario judicial de quince años donde se le ha investigado en una decena de asuntos.
Todos ellos se archivaron o Camps fue absuelto. Esta intensidad por parte de la Fiscalía -prácticamente se ha auditado judicialmente toda su acción al frente de la Generalitat- le ha ofrecido argumentos para construir un relato de la conspiración y/o de la persecución por parte del ministerio fiscal y, en ocasiones, del partido socialista.
Todo lo anterior al margen de los casos de corrupción que se sucedieron en su etapa de presidente, con las condenas a Rafael Blasco y Milagrosa Martínez como protagonistas más destacados.
La sentencia de esta pieza del caso Gürtel rechazó todas las pretensiones de las acusaciones. «No existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión de Camps en esa contratación», concluyó en referencia al estand de Fitur. Y censuró el relato de la Fiscalía porque «no encuentra tampoco sustento en «testigos, escritos o comunicaciones» lo que aleja «cualquier prueba o indicio con trascendencia penal».
De igual modo, restó valor a la supuesta relación de amistad de Álvaro Pérez, 'el Bigotes' y del entonces presidente Francisco Camps, una circunstancia que, por otra parte, no se puso en duda. Sin embargo, en ningún momento se ha probado que el dirigente percibiera ese vínculo como una «relación personal íntima». Es decir, lo conocía porque organizaba los actos del PP. Los audios y regalos, en este sentido, no son prueba determinante para aclarar el grado de afinidad entre ambos. «Lo que para uno puede tratarse de una amistad íntima, para el otro puede ser del todo tipo profesional o incluso superficial», resolvieron los magistrados.
La Audiencia Nacional tampoco apreció un nexo claro en una supuesta cadena de mando desde Camps a Dora Ibars, otra de las acusadas por esa adjudicación. «No estamos hablando de un cargo que implique despacho con el presidente o contacto con el mismo». El superior jerárquico de Ibars no era el expresidente, subrayaron.
El PP, en el plano político, consigue un balón de oxígeno con el recurso de las acusaciones. Desde la dirigencia popular manifestaron que la sentencia debía ser firme antes de buscar un encaje en la Administración o un puesto de representación para el expresidente.
Pero, en realidad, Camps y su deseo de regresar a la primera línea política tras su absolución se ha convertido en un problema para el partido de Mazón. Mientras, el expresidente no mantiene una actitud pasiva sino que trata de unificar grupos de poder que pueden sentirse aislados con los nuevos dirigentes para tratar de canalizar ese descontento.
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