Anticorrupción renuncia a recurrir la sentencia de los zombies de Imelsa

Los principales condenados, con Alfonso Rus y Máximo Caturla, se encontrarán también con ese problema de cara a una instancia superior: las escasas opciones de levantar esa condena.

La decisión es fundamentalmente una buena noticia para los principales absueltos de la causa. En este sentido, destaca el caso de Rafa Rubio, el emblema del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia y gran ideólogo de la política urbanística. El entonces portavoz socialista en la Diputación tenía a su cargo a dos asesoras, Carolina de Miguel y Teresa Gimeno.

«No consta probado que la contratación tuviera causa en ninguna especie de favor político o de otra clase, con independencia de que el propio Rubio, sin sujeción a ningún proceso de selección, procediera a la libre designación», recoge la sentencia.

Rubio y sus dos trabajadores pueden ya respirar más tranquilos. El hecho de que la Fiscalía no recurra el fallo hará que este sea firme para ellos. Anticorrupción era la única acusación en este procedimiento derivado de la macrocausa de Imelsa.

Otro de los beneficiados por la decisión de la Fiscalía será Francisco José Antequera, el que fuera seleccionador de ciclismo de la Comunitat valenciana y que fue contratado por su relación con el PP de Valencia. Estaba, en teoría, a las órdenes de Emilio Llopis.

«Pero no acudió a trabajar a Imelsa, ni prestó asesoramiento a Emilio Llopis, pero sí acudió regularmente a la Diputación , donde tenía un puesto de trabajo junto con otros asesores, bajo la dirección del coordinador de asesores». Ángel Ramón y Juan Antonio Sanz son otros de los zombis absueltos que pueden ya afrontar el futuro con mayor confianza tras conocer el criterio de la acusación pública.

En cambio, como es lógico, los que recurrirán la sentencia son todos los condenados por la Audiencia. Las penas más severas son para Rus y Caturla, aunque también hay castigos ejemplares para la jefa de Recursos Humanos, María Escrihuela y el financiero José Enrique Montblanch, cuatro y cinco años de prisión, respectivamente. En su caso, el reproche penal está vinculado al cobro indebido de la productividad. Un agujero en las cuentas en uno de los periodos de crisis más profundos en la historia reciente.