Anticorrupción tampoco ve delito en los contratos de la Fórmula 1

Valmor fue la empresa a la que encargó la organización de la prueba después de la negociación que mantuvo Francisco Camps con el magnate británico Bernie Ecclestone. La empresa realizó un primer cribado de proveedores y estudios para adquirir todo lo necesario para la carrera. Sin embargo, el encargo y el pago de los servicios corrió finalmente a cuenta de la empresa pública Circuito Motor.

Las pesquisas giraban alrededor de si la firma pública actuó como si se tratara de una sociedad privada al dictado de las órdenes de Valmor, el instrumento ideado por Jorge Martínez 'Aspar', Fernando Roig y José Luis Olivas para la puesta en marcha de la F-1. La investigación de Anticorrupción no ha consolidado esas sospechas y las irregularidades detectadas –leves, en todos los casos– no permiten mantener vivo un procedimiento penal.

El informe de la Fiscalía, presentado hace unas semanas, responde a la petición de archivo que formularon todos los investigados. Entre los principales imputados, destaca el exdirector del Circuito Julio García Gimeno y otros altos cargos como Blanca Tomás o Desamparados del Valle. Gimeno es el hermano de Pedro García, exdirector de RTVV condenado por el fraude en las pantallas de la visita del Papa y el cobro de una comisión de cerca de medio millón de euros. Tras el informe de Anticorrupción, la causa cuenta con pocos visos de prosperar. Todo queda en manos de la Abogacía de la Generalitat, personada también en esta causa.

Los indicios apuntaban en primer lugar a la existencia de un delito de prevaricación en las contrataciones que se efectuaron desde Circuito Motor. Valmor y la empresa pública firmaron un contrato en marzo de 2008 para la colaboración en el evento. Todos los servicios los licitó y adjudicó Circuito Motor siguiendo los criterios establecidos por Valmor, que ya habían trabajado con anterioridad acerca de las especificaciones técnicas. En estos expedientes, en resumen, no se aprecia una intención de adjudicarlos de forma injusta o arbitraria, sostiene el ministerio público.

Para el esclarecimiento del asunto ha resultado clave el testimonio de Pedro Hernández, el que fuera coordinador y director técnico del evento. Cuando le comunicaron que Circuito Motor se encargaría de los trabajos, enviaron todo lo que habían adelantado. Incluso en algún supuesto ya se había encargado material porque se trata de mercancía muy específica y el riesgo era no poder celebrar las carreras. Así, ya se había hecho una selección de los proveedores y precios con criterios técnicos sin la intención de favorecer a una mercantil de forma premeditada.

Además, desde Circuito Motor contaban con el asesoramiento de Broseta Abogados que en todo momento avaló la fórmula para la contratación de estos servicios. Anticorrupción concluye que los investigados operaron con los criterios técnicos facilitados por Valmor, pero también con el soporte jurídico de Broseta. Y la investigación, además, no ha destapado ningún vínculo entre los altos cargos y los empresarios.

El segundo de los ilícitos planteados era un delito de falsedad documental al alterarse algunas fecha de los expedientes. No se discute esa modificación, pero la cuestión reside en si eso es suficiente para sentar en el banquillo a la decena de imputados. El ministerio fiscal mantiene que no. Los cambios no alteran la realidad de esos documentos. Se hicieron para actualizar la documentación a la fecha del expediente que se iba a tramitar con Circuito Motor. Pero la realidad es que eso no supuso ningún cambio adicional en el contenido que fuera determinante para la adjudicación.

La jueza de Instrucción 2 de Valencia todavía no se ha pronunciado respecto a las peticiones de sobreseimiento, que cuentan con el visto bueno de la Fiscalía. También se está a la espera de conocer la posición de la Generalitat. La misma juez ya archivó otros dos asuntos relacionados con el acontecimiento. El de la organización del evento, que implicaba a Francisco Camps, fue recurrido por la Generalitat. Se mantiene abierto por las consecuencias del famoso aval de la Administración a Valmor. La compra de esta mercantil por parte del Consell también fue sobreseída. No se perjudicó el erario.