Anticorrupción trata de mantener viva la causa de la caja B del PSPV

El tribunal entendió que los hechos estaban prescritos y carecía de sentido continuar con la investigación. De inmediato, Enrique Gimeno, el otro empresario imputado exactamente por idénticas acciones –el pago de material del PSPV– pidió el archivo con la fundada esperanza de que decretaran el sobreseimiento.

De momento, el fiscal se opone. Recuerda que sus empresas aparecen relacionadas con los pagos a Cronosport, la firma que confeccionaba los productos con los logos de los socialistas. En total, abonaron unos 180.000 euros.

El fiscal subraya que el empresario mantenía un contacto fluido con Pepe Cataluña, histórico cerebro de las finanzas del partido. Y que los pagos entre las empresas de Gimeno y Cronosport responden a una contraprestación por el amaño de adjudicaciones, según apuntan los informes policiales que constan en la causa. Es decir, que el fiscal liga la prevaricación al delito de cohecho, con independencia de que este sea a un particular o funcionario. Esta vía de las pesquisas, la de la prevaricación, no está agotada, según el ministerio público.

Ahora es la juez de Instrucción 13 la que debe decidir. Puede acatar el criterio establecido por la Audiencia en una resolución similar o mantener la imputación a la espera de que sea la Sala la que imponga de nuevo su dictamen.

La investigación sostenía que esos pagos bajo sospecha eran la contraprestación de la mercantil por haber recibido una obra del trasvase Júcar Vinalopó. Estas sospechas parten de la documentación intervenida en el registro del domicilio de Pepe Cataluña. El caso Azud comenzó a investigarse en secreto en 2017. Desde entonces se han desarrollado al menos dos grandes operaciones policiales. Siete años después no hay ninguna pieza cerrada. El asunto se ha convertido en un macrosumario de complicado trámite.