Antifraude busca personal (otra vez)

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana tiene un problema. Quizá incluso más, pero evidentemente hay uno que llama la atención: su plantilla.

Desde la misma puesta en marcha del organismo –la ley se aprobó en noviembre de 2016–, la entidad que dirige Joan Llinares y que tiene como finalidad primordial la de «fortalecer la actuación de las administraciones e instituciones públicas valencianas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía valenciana» ha encontrado problemas para completar la composición de su plantilla.

Un goteo permanente de bajas, debido a los motivos más variados, y las justificaciones ofrecidas por su director, en las que poco menos que reprochaba a quienes abandonaban el cargo que no tuvieran ganas de trabajar, han acabado provocando que la entidad adscrita a Les Corts -y que el propio Llinares defiende que sea considerada como órgano estatutario- no termine de encontrar la estabilidad. «Se habla más de ella por las bajas que sufre que por sus investigaciones», proclama una fuente parlamentaria.

El Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer un nuevo ejemplo de esa interinidad que atenaza a la citada Agencia. Una resolución por que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial 'número 7, jefe del Servicio de Apoyo y Pericia; número 14, jefe de la Unidad de Análisis e Investigación I; número 15, jefe de la Unidad de Análisis e Investigación II; número 16, jefe de la Unidad de Análisis e Investigación III, y número 17, jefe de la Unidad de Apoyo y Pericia, y se aprueban las bases que rigen la convocatoria'. En total, cinco puestos de alto funcionario -todos ellos de grupo A1 o A2, con complementos de destino 26 y 28 y específicos 49 y 50– a los que podrán optar quienes cumplan la condición de ser personal funcionario de carrera de las distintas administraciones públicas, instituciones y entidades públicas, y que reúna los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente. Esa condición de funcionario es la clave que provoca que sus empleados estén dispuestos a abandonar su puesto, por la facilidad para regresar a su plaza de origen.

Los movimientos en Antifraude son permanentes. Hace apenas dos semanas la última, la del jefe de servicio de la Generalitat y Sector Público, José Vicente Martínez, que abandonó Antifraude apenas seis meses después de que se hiciera con la plaza por libre designación.

Unos meses antes, la considerada como la salida más sonada de la Agencia fue la del director de Análisis e Investigación de la Agencia Antifraude. El abogado de la Generalitat Miguel Ángel Cervera había sido 'fichado' por el director de Antifraude, Joan Llinares, para este cometido. Era el profesional de la Abogacía que más casos de corrupción había llevado y su perfil encajaba perfectamente en el espíritu de la agencia. A los seis meses presentó su renuncia. Marcial González, su sustituto, también ha abandonado ya la entidad.