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La memoria de la Agencia Antifraude contiene un resumen de algunas de las principales investigaciones impulsadas por el organismo que dirige Joan Llinares. El texto dedica un capítulo a la supuesta trama delictiva de los empresarios Adell Bover, los socios de Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat, por la presunta comisión de un delito de fraude de subvenciones.
La Agencia, según recoge en el documento, efectuó hasta tres requerimientos para que las mercantiles bajo sospecha aportaran determinada información. Así parece que lo hicieron.
Sin embargo, el organismo detuvo las pesquisas al tener conocimiento de que se había judicializado el asunto. En concreto, estas diligencias se siguen en el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Sin embargo, de lo averiguado hasta ese momento, tal y como apunta la Agencia, se cifra el montante del fraude en 509.216 euros de acuerdo con los datos obtenidos de la Base de Datos General de Subvenciones. Esta información ha sido cruzada con los informes del órgano gestor.
Las productoras Canal Maestrat y Kriol, así como las distintas concesiones de radio de la familia Adell Bover, han recibido decenas de miles de euros en los últimos años en subvenciones, entre ellas figuran algunas destinadas al fomento del valenciano. La Conselleria de Educación, de hecho, ya le ha reclamado la devolución de unos 200.000 euros por deficiencias en la justificación.
Esta causa, como el resto de investigaciones por corrupción, se encuentra paralizada desde el estado de alarma. El hermano del presidente, no obstante, ya figura como investigado en esta pieza, aunque su declaración se aplazó a la espera de la llegada de toda la documentación y diferentes informes. El asunto ha llevado el foco de la corrupción hasta el mismo Palau de la Generalitat.
Las estadísticas de la Agencia Antifraude muestran que buena parte de las denuncias que llegan hasta la entidad no pueden ser tramitadas. Así, por ejemplo, la mayoría de los procedimientos que han entrado este último año, el XX, se encuentran a la espera de ser cursadas. Se desconocen los motivos de esta aparente lentitud. No se puede olvidar que los profesionales siguen todavía con expedientes abiertos de los ejercicios de años anteriores lo que permite intuir que la carga de trabajo continuará. De hecho, de las 168 denuncias que han llegado este último año, 110 procedimientos se encuentran pendientes, es decir, el 65% de todo el material recibido.
El buzón de denuncias se ha convertido en la aplicación más utilizada para canalizar las denuncias. Más de la mitad son anónimas. Por categorías, los procesos de contratación y la gestión de personal copan las reclamaciones. La Agencia arrastra una enorme carencia de personal ante las constantes salidas de la entidad por la carga de trabajo, la falta de medios y tensión con la dirección.
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