Antifraude confirma las irregularidades en la Fundación de Orengo

El escrito de conclusiones definitivas de la Agencia Antifraude en relación con el convenio suscrito por Divalterra, la empresa heredera de la antigua Imelsa, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para poner en marcha la Fundación Cical ratifica las conclusiones alcanzadas por la entidad que dirige Joan Llinares de manera provisional: el acuerdo entre las dos entidades fue en realidad una subvención de la firma provincial a la FVMP, sin que la primera tuviera capacidad para tomar una decisión de este tipo; hubo plagios de otros trabajos para justificar el dinero cobrado; y los gastos de personal no se justificaron de forma suficiente.

Cical es el acrónimo de Centro de Investigación para el Conocimiento de la Administración Local, una iniciativa impulsada por el exnúmero tres del PSPV, José Manuel Orengo, que a principios de 2016 logró que la empresa pública dependiente de esa corporación y la FVMP suscribieran un acuerdo para poner en marcha esa Fundación. Un proyecto con el que se pretendía aportar conocimiento práctico a la política municipal y que llegó a contar con el apoyo del Palau de la Generalitat y las principales universidades valencianas. No obstante, las dudas sobre sus fuentes de financiación terminaron arruinando la idea.

La Agencia Antifraude abrió expediente después de tres denuncias en relación con el uso irregular de fondos públicos. En la resolución de las actuaciones de investigados llevadas a cabo por la entidad, a la que ha tenido acceso este diario, se ratifican las «infracciones» e «irregularidades» del documento provisional. Junto al hecho de que Divalterra no podía conceder subvenciones -y esta lo fue- se señala que ni la vieja Imelsa ni la entidad que preside Rubén Alfaro justifican por qué en el expediente aparecen documentos sin fecha ni firma, no se demuestran las visitas realizadas a universidades y administraciones públicas, ni se aportan pruebas de la realización de los trabajos y se plagiaron otros.

El documento pone el acento además en los gastos de personal y censura que no se aporte acreditación alguna que permita entender los porcentajes de vinculación al proyecto y tampoco se aportan facturas de servicios o suministro para demostrar los gastos generales. Además, detecta fallos en los protocolos de Divalterra, tras alegar ésta la dificultad de revisar este asunto por la ausencia de quien lo realizó.