Antifraude detecta «corrupción» en la etapa del conseguidor de Azud en Divalterra

Vera se encuentra investigado en el caso Azud, que investiga una trama de sobornos a partir de favores inmobiliarios. De hecho, la jueza llega a dar la consideración a Vera de «conseguidor» de la trama, al poner en contacto al supuesto cabecilla, el empresario Jaime Febrer, con cargos socialistas. En entorno del exmagistrado valenciano niega de forma tajante esa consideración de «conseguidor», aunque sí reconoce haber trabajado para Febrer.

El pronunciamiento de Antifraude abunda en la linea de confrontación que esta entidad ha venido manteniendo con Vera desde que éste dirigía los servicios jurídicos de Divalterra. En este caso, la entidad que dirige Joan Llinares concluye dos expedientes como consecuencia de dos procedimientos distintos. Aunque en ambos considera que la actuación de Vera puede ser susceptible de que haya cometido fraude.

En el primero de los casos, Antifraude pone el foco en un contrato de Divalterra con el despacho de abogados Tomarial en 2016. La Agencia remarca que «las necesidades que se pretendieron cubrir con la contratación de los expedientes de asesoramiento jurídico ya se encontraban cubiertas con otras contrataciones vigentes». Y añade: esta Agencia desconoce los motivos por los que se procedió a acordar la «rescisión de hecho» de las contrataciones vigentes en materia de asesoramiento jurídico legal, mercantil y fiscal, y su sustitución por las resultantes de los expedientes adjudicados a Tomarial.

Antifraude considera que se puede haber producido además un fraccionamiento de contrato, toda vez que Divalterra contrata hasta en cuatro ocasiones con el mencionado despacho en un breve periodo de tiempo. «El objeto de los cuatro procedimientos estaba constituido por el asesoramiento jurídico-laboral, y los mismos fueron parcialmente coincidentes en su ejecución temporal, lo que supone un indicio claro de posible fraccionamiento indebido de contratos o duplicidad de contrataciones por solapamiento del objeto».

La Agencia detecta además seis facturas cuya presentación al cobro a Divalterra «no estaría soportada por la tramitación previa de un expediente de contratación». En alguno de esos contratos, suscrito todavía como Imelsa, no se solicitó más oferta que la de Tomarial, «constituyendo, por lo tanto, una práctica de grave riesgo para las arcas de la mercantil el hecho de incoar un expediente de contratación sin la previa certificación de que existe crédito para poder ejecutarlo».

En el apartado de conslusiones, Antifraude señala que los hechos denunciados son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción. Y añade: «Se han producido déficits en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales reguladores de la actuación administrativa pública en materia de contrataciones públicas».

De hecho, Llinares insta a Divalterra a proceder a «instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades al responsable de las contrataciones de la entidad, JLVLL, en calidad de director de los Servicios Jurídicos y Transparencia, así como al resto de las autoridades y personal que han intervenido en los hechos acreditados en la investigación que ha implicado un fraccionamiento de las contrataciones analizadas». Y más en concreto, la falta de acreditación documental del resultado del trabajo en uno de los expedientes, la comisión de errores procedimentales en el seno de otros dos.

La entidad considera que los contratos analizados tiene una valoración de 273.826 euros, de los que considera recuperables 6.800 euros.

En el otro expediente de Antifraude se investiga el «presunto amaño de la contratación» de ER -las iniciales parecen corresponder a las de la abogada Emma Ramón que compartió despacho con Vera en Na Jordada Iuris- por parte de este último. Esta abogada habría sido contratada hasta en cuatro casiones por Divalterra pese a la existencia de contratos en vigor por partre de la empresa con otros letrados.

Antifraude considera que existe un potencial «conflicto de interés» por parte de vera, dada su relación profesional previa con la abogada y el hecho de ser después la persona que contrata, conforma las facturas y certifica la buena ejecución de los contratos, por parte de aquella.