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l 55% del personal que forma parte de la Agencia Antifraude lo hace a través de la libre designación. Es decir, a dedo, recomendados, un total de 29 puestos del total provisionado, mientras que el resto de puestos, 24, accedieron a través de un concurso específico. Esa predilección del organismo que dirige Joan Llinares por seleccionar al personal a su antojo supone un evidente condicionamiento para el funcionario, al depender de la confianza de quien le ha elegido. Las contrataciones de personal en Antifraude estaban bajo la lupa del PP cuando ejercía la oposición.
El PP registró en la pasada legislatura un extenso catálogo de peticiones de documentación para fiscalizar a la Agencia, entre las que se incluyó «todos y cada uno de los nombramientos por libre designación de personal (...), incluyendo las bases, la documentación relativa a los candidatos y a la valoración de los méritos». Porque se han producido situaciones curiosas en lo relativo a la convocatoria de puestos de la Agencia mediante, por supuesto, libre designación. Es el caso de la provisión de un puesto para la dirección de la jefatura del área de gestión económica y administración, una tramitación que fue denunciada de manera interna, lo que provocó que entre los directivos de Antifraude debatiesen qué debían hacer con ese denuncia, que finalmente fue no tramitada ni contestada de ningún modo, ignorada y enterrada.
Se da la circunstancia de que la Agencia, una de sus funciones y objetivos, es la vigilancia de que no se registren malas prácticas en la Administración, y para ello, Llinares no ha dejado de insistir con el fin de que se articule un proceso de denuncia de posibles irregularidades donde se protegiese al denunciante. El anonimato es fundamental con el fin de proteger al que advierte de una mala praxis. Sin embargo, curiosamente, lo primero que hicieron los directivos de Antifraude cuando recibieron la denuncia contra su discrecionalidad a la hora de contratar a nuevos empleados es especular quién era la persona denunciante. La número dos de Llinares, Teresa Clemente, directora de Asuntos Jurídicos de la AVAF decidió que la denuncia presentada no debía contestarse de ningún modo la advertencia contra las actuaciones del propio organismo. De este modo, según fuentes conocedoras del proceso, se ignoró el procedimiento administrativo básico, consistente en abrir un expediente interno para valorar qué hacer con la denuncia interna, si archivarla o si actuar contra quien hubiera podido actuar de modo irregular.
La denuncia interna y su solapamiento son dos hechos más que consolidan la sensación de que el ambiente interno en la Agencia es francamente mejorable.
La rotación de funcionarios en Antifraude es elevada. Los ceses a lo largo de cinco años de vida del organismo superan la treintena, lo que equivale a dos tercios de la actual plantilla (en su conjunto, algo menos de medio centenar de personas). En marzo de 2022 fue aprobado el código ético y de conducta de todo el personal de la Agencia Antifraude, en el que, entre otras cuestiones, se creaba un Comité de Ético, así como de un canal de denuncias internas. A través de ese canal, el año pasado se registraron un total de cinco denuncias, y todas «versan sobre presuntos incumplimientos de los principios y valores del código ético y de conducta» de la Agencia, donde también se aborda una investigación ante el posible acoso sexual sufrido por dos funcionarias por parte de compañeros. Los dos casos se conocieron merced a la elaboración de una encuesta previa al plan de igualdad del organismo, encuesta donde también se desveló la desconfianza de la mayoría de las mujeres empleadas en relación a la capacidad de la Agencia de investigar ese tipo de situaciones. De hecho, la investigación de esos casos ha generado un profundo clima de desconfianza, con reuniones en las que se impide entrar con móviles y correos electrónicos enviados a toda la plantilla advirtiendo de la confidencialidad de cualquier tipo de documentación generada desde Antifraude.
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