Antifraude halla plagios y trabajos no realizados en la Fundación de Orengo

El informe provisional elaborado por la Agencia Antifraude en relación con el convenio suscrito en 2016 entre Divalterra y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (Cical), impulsado por el exnúmero tres del PSPV, José Manuel Orengo, detecta numerosas «irregularidades» en relación con los trabajos desarrollados por éste último para justificar los 120.000 euros en los que se valoró la colaboración entre ambas entidades.

El documento al que ha tenido acceso este diario aborda el estado de los pagos realizados por la empresa pública de la corporación provincial a la entidad presidida por Rubén Alfaro. De la cifra inicial, Divalterra únicamente habría satisfecho un primer pago de 40.000 euros y retiene desde entonces otras dos facturas, de 40.000 y 29.000 euros respectivamente.

La entidad que dirige Joan Llinares, en un informe de más de 60 páginas, subraya que se han identificado «pruebas de plagio de documentos sujetos a propiedad intelectual entre la documentación aportada por la FVMP para la justitificación de tareas». También sostiene que «parte de las tareas que presuntamente realizó la FVMP no fueron realmente ejecutadas», y otras «han sido utilizadas para justificar gastos doblemente ante Divalterra».

El informe de Antifraude –al que ahora deben presentar alegaciones tanto Divalterra como la Federación de Municipios, sostiene que parte de la documentación facilitada para justificar la realización material de las tareas «no está fechada o firmada, ni contiene indicios del contexto de su elaboración». Además, parte de las visitas que presuntamente se realizaron a universidades e instituciones públicas «están únicamente soportadas por declaraciones certificadas, sin que se aporte otra otra documentación (dietas, correos electrónicos, comunicaciones, órdenes del día, gastos de locomoción, actas...) que las sustenten». Además, considera que parte de las tareas que presuntamente realizó la FVMP –las que cabría atribuir al propio Orengo para la puesta en marcha de Cical– «pueden ser atribuidas a otras personas o entidades». Se cita, sin ir más lejos, un estudio de viabilidad «que encargó realmente la Diputación de Valencia», un proyecto de habilitación de oficinas «que encargó el Ayuntamiento de Gandia» o la solicitud de una subvención directa de 20.000 euros que hizo el Ayuntamiento de Gandia mediante carta de su alcaldesa.

La investigación abierta por Antifraude aborda la parte previa a la constitución de Cical como Fundación. El trabajo realizado a través del convenio suscrito entre Divalterra y la FVMP dio lugar al registro de esa fundación, que contaba en su patronato como representantes de las principales administraciones públicas y de las universidades valencianas. Lo difuso de los contenidos de la fundación y una financiación que únicamente contaba con fuentes públicas -unido al escándalo que suponía que el principal impulsor del proyecto fuera el exnúmero tres del PSPV (y poco después, principal asesor de Ximo Puig), terminó haciendo embarrancar la iniciativa.

Antifraude, por tanto, se refiere a ese convenio entre Divalterra y la FVMP. Y lo hace para considerar que más que un convenio entre ambas, debería de hablarse de una subvención por parte de la primera en favor de la segunda, circunstancia que no cabría toda vez que las sociedades mercantiles locales no tienen capacidad para realizar subvenciones.

El informe de la entidad que dirige Llinares cuestiona, entre otros apartados, los gastos en el capítulo de personal. Y se señala que la imputación –que alcanzaba los 95.000 euros– «es, en todo caso, excesiva para el volumen de tareas que parecen haber gestionado». Antifraude hace referencia especial a Orengo. Del exnúmero tres socialista se subraya que pese a estar, teóricamente, dedicado a jornada completa a este proyecto «se considera que no la totalidad de las tareas deben o pueden ser imputadas al objeto del convenio». Además, avisa de que en la totalidad de las nóminas percibidas por el ahora alto cargo de Balearia aparece un plus de dedicación «sin que se hayan encontrado elementos de prueba que justifiquen ese plus».