Antifraude ve ilegal el ascenso del candidato a subdelegado del Gobierno

Pero la designación de Rodríguez no está despejada del todo. Un informe de la Agencia Antifraude pone multitud de reparos a la promoción interna por la que Rodríguez, que era funcionario de nivel C1 del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, promocionó de forma directa en 2022 a una plaza A1 en ese mismo consistorio. Un ascenso que choca, así lo sostiene el órgano que dirige Joan Llinares, con una sentencia del Tribunal Supremo. «La jurisprudencia dictada en la Sentencia número 883/2021 del Tribunal Supremo de fecha 21 de junio de 2021 impide la promoción desde el subgrupo C1 al A1, siendo requisito indispensable su paso previo por el subgrupo A2, con la permanencia en éste el tiempo preceptivo», señala Antifraude en su informe final de investigación.

¿Y esto qué significa? Antifraude considera que el proceso de selección convocado y sus correspondientes bases específicas aprobadas por el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer para cubrir en propiedad una plaza de técnico/a de administración general (subgrupo A1) mediante concurso-oposición, en lo que se refiere al turno de promoción interna, «sería contraria a la citada sentencia, al permitir la promoción directa del subgrupo C1 al subgrupo A1». Porque, pese a lo que señala el Supremo, las bases del concurso aprobadas por el consistorio permitían que un funcionario del subgrupo C1 se presentara al concurso. «La admisión del aspirante (...) sería igualmente contraria a la citada jurisprudencia, al tratarse de un funcionario que pertenece al grupo C1», añade la Agencia, que concluye que estas circunstancias pueden suponer que «tanto el acto de aprobación de las bases del procedimiento de selección», como el acto de admisión de Rodríguez como aspirante «sean nulos de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el apartado f) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».

Antifraude, en el procedimiento abierto, ofreció al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer la posibilidad de alegar. Y éste lo hizo, para sostener que Antifraude se excedía en sus competencias, que atentaba contra la autonomía local, y para sostener que lo que se ponía de manifiesto era una diferencia de criterio entre la Agencia y el Ayuntamiento. Antifraude replicó que el problema de interpretación no es con la Agencia, sino que la aprobación de unas bases contrarias a la doctrina casacional del Tribunal Supremo «son una irregularidad administrativa en la que subyace un fraude, ya que se dicta un acto (la aprobación de las bases) tendente a eludir la legalidad de forma engañosa».

Antifraude concluía su informe recomendando al Ayuntamiento la revisión de oficio, tanto de la aprobación de las bases como de la admisión de Rodríguez como candidato. Y a la vista de la negativa del consistorio a hacerlo, decide dar por archivado el caso, anunciando que hará constar en su memoria anual la negativa del Ayuntamiento a atender sus recomendaciones.