Antifraude investiga la plaza de una exdiputada de EU en una plataforma del Botánico para informar del Franquismo

Una de las beneficiadas, la directora, es la profesora Esther Barceló, la que fuera diputada de Esquerra Unida en la la legislatura anterior al Botánico. Tras su salida de la política valenciana se embarcó en una aventura en Madrid de la mano de la alcaldesa Manuela Carmena. Siempre, desde el inicio de su carrera política, ha sido una activista en defensa de la Memoria Histórica. También ha desarrollado una carrera como escritora con al menos dos publicaciones en el mercado editorial. Su marido es Ignacio Blanco, el exportavoz de EU en la Comunitat.

Ahora, una denuncia anónima en la Agencia sostiene que se obviaron los procedimientos legales para asignar esa plaza, es decir, que la expolítica obtuvo el puesto sin que se respetara la ley. La Agencia Antifraude ya ha solicitado documentación a la Conselleria de Educación para que le traslade toda la información disponible sobre el citado proceso administrativo. En concreto, reclama los expedientes de la concesión y las posibles prórrogas que se hayan formulado sobre las dos personas que trabajan en el departamento. Joan Salazar, escritor especializado en el citado periodo histórico, ocupó la otra plaza ahora bajo sospecha.

La denuncia, que se presentó a través del buzón anónimo que dispone la Agencia, recoge, en resumen, que el puesto no fue publicitado, tal y como recoge la Ley 4/2021 de Función Pública. Es más, la resolución no indica de qué tipo de comisión de servicio se trata. Además, apunta que si fuera de urgente necesidad -algo que de entrada se descarta- tampoco se ha justificado. El escrito apunta directamente a que las dos plazas se concedieron por afinidad ideológica con la Conselleria de Educación y, por extensión, con el resto del Botánico.

El aula se ubicó en el monasterio de San Miguel de los Reyes que durante años fue una prisión franquista por lo que reúne ese simbolismo. Además, allí hay un monolito en recuerdo de las víctimas. El aula se creó, en principio, para el curso 2022-2023. Sin embargo, también fue renovada para el actual ejercicio. Ese nuevo periodo también está siendo analizado por los especialistas de Antifraude.

La Agencia está resultando especialmente útil para aclarar todas estas discrepancias que se suelen dar en el seno de una administración. Son numerosas las cuestiones de esta naturaleza que llegan a Antifraude así como irregularidades en oposiciones o en la adjudicación de plazas.

Por ejemplo, el pasado mes de marzo, los investigadores terminaron su análisis del nombramiento de un médico como responsable del departamento de Prevención de la EMT. La resolución no anula el nombramiento, que se produjo en 2021, pero sí detalla una serie de incumplimientos y deficiencias en el procedimiento por el que critica el proceso y hace una serie de recomendaciones a la Empresa Municipal de Transportes. Este episodio tuvo lugar en el mandato del polémico edil Giusseppe Grezzi.

No es la única denuncia en Antifraude que afecta a un cargo de EU. Rosa Pérez Garijo, máxima dirigente de la formación de izquierdas, también tiene una denuncia por las supuestas condiciones de su regreso a la docencia, en la Universitat de Valencia. Los profesores asociados han de tener otra ocupación, califiquemos como principal, para ejercer en la institución académica. Y, además, esta debe estar relacionada con la asignatura que se imparte. La denuncia cuestionaba este desempeño y añadía, además, que no estaba dada de alta en el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

Pérez Garijo, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, aseguró que estaba tranquila y que no había existido ninguna irregularidad en el proceso que se produjo tras su salida del Botánico donde fue consellera de Participación y Transparencia. Añadió que trabajaba para una asesoría y estaba terminando su tesis. Es profesora de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social.