Antifraude mantiene en el juicio que el concurso de las ITV se decidió por los criterios subjetivos

Los expertos han recordado cómo se creó una comisión interdepartamental para efectuar propuestas para una mejor gestión del sector público. Se echa de menos, según ellos, un informe sobre la necesidad o conveniencia de una motivación de la contratación administrativa, el hecho de quitar las ITV de la gestión pública para una concesión administrativa.

Los especialistas de Antifraude subrayaron que los pliegos estaban sin firmar. «No es habitual porque suponen que no están avalados por un funcionario. Podría haberlo hecho una persona externa». «Curioso» ha sido el adjetivo que ha utilizado el experto de Zaplana sobre este proceso. «Este viene regulado por un Decreto, el conseller estaba obligado a abrir el expediente de contratación...» Los elementos que faltan corresponden al Consell no a la citada conselleria, apuntó. En cualquier caso, el experto del expresidente ha querido restar importancia al hecho de que faltara la firma.

Hubo una advertencia del interventor que fiscalizaba la ITV. Este hombre, tal y como explicó la semana pasada, alertaba en su que existía un criterio económico (el 40% por ciento de la valoración final) por el que las empresas se les daría el mismo punto a partir de más de un 30% del canon. Es decir, que los criterios objetivos se quedan sin sentido, según Antifraude.

La administración buscaba mayores ingresos. Esto es lo obvio desde cualquier concurso. «Cualquier licitador sabía cómo conseguir la máxima puntuación con independencia del resto». De hecho todas las firmas se comportaron igual, indicó. Todas dieron un incremento del 30% sobre el canon mínimo. «Todo esto perjudica a la Administración». En otras palabras, que los criterios objetivos no sirvieron para nada. Todas estas condiciones llevaron a que el concurso terminara resolviéndose por los criterios subjetivos.

A todos se les adjudicó el lote que pidieron en primer lugar. La fianza mínima era de 25 millones de pesetas (para todos). Los lotes buscan mayor concurrencia y además mejores ofertas. «No tiene sentido que se obligue a todos a concurrir a todos lotes». Consigue precisamente lo contrario de lo que persigue. Son hechos atípicos en un proceso de estas características, según el experto de Antifraude. El especialista de Zaplana ha dado un motivo, en su opinión clarísimo de por qué esta obligación: «Lo que se trataba de evitar era que un lote quedara desierto». Recordemos que se trataba de los servicios de inspecciones de vehículos.

Anticorrupción ha preguntado por la denominada comisión de estudio, cinco especialistas, para valorar las ofertas. «Algo absolutamente normal», señala Antifraude. Estaba presidida por el vicepresidente de la Mesa de Contratación. Pero lo significativo de este órgano «es que no valora, no eleva propuestas de valoración a las ofertas». Así, cuando se pide auxilio a un comité de expertos, lo normal es dar una puntuación más allá de una serie de criterios, que es lo que hicieron«. Y luego la mesa establece también unos subcriterios. »Se trata de una irregularidad administrativa muy clara. Se ponen nuevos criterios de valoración de ofertas que no estaban en los pliegos«.

Otro de los detalles que invita a la sospecha por parte de los especialistas de Antifraude es que la Mesa de Contratación da la puntuación el mismo día de la comisión de estudio, el 5 de noviembre de 1997. «Imposible que se hiciera en tan poco tiempo». El presidente del tribunal ha insinuado con una pregunta si es que estaban ya atribuidas.

El acta de contratación no estaba firmada por el presidente ni del secretario. Otra de las supuestas irregularidades. «Si no hay presidente no se puede constituir la Mesa de Contratación». La falta de la firma es un «elemento importante». El experto contratado por Zaplana, en cambio, considera que eso no está recogido en la ley.

Antifraude hizo una simulación de cómo habría quedado el concurso según las aportaciones económicas de cada uno de los solicitantes si se hubiera hecho de acuerdo a la experiencia en este tipo de procesos.

La defensa de Zaplana ha defendido que el concurso, con independencia de que fuera mejorable o que se hiciera bajo otros criterios, no arroja ninguna irregularidad que beneficiara de forma directa a los Cotino. O en caso contrario a todas las firmas. De hecho, ha llegado a plantear la hipótesis de que las empresas se concertasen entre ellas, pero no para engañar a la Generalitat sino para repartirse el mercado. «Es una posibilidad», admitieron los expertos de Antifraude.

A lo largo de la declaración se apunta la existencia de irregularidades, pero los peritos no aclaran de qué forma se benefició únicamente y de manera excluyente a Sedesa respecto al resto de aspirantes a los cinco lotes. En total, diez empresas. El letrado del expresidente ha cuestionado la utilidad de por qué hicieron esas simulaciones. De hecho, él anunció que había hecho otra simulación que concluía que sólo con que alguno de los aspirantes se hubiera presentado al lote 1 habrían ganado al vencedor.