Antifraude pagará 13.000 euros a un gabinete psicológico para denunciantes de corrupción

El servicio, a través de un contrato menor, acaba de ser adjudicado a la empresa Neural Servicios de Salud S.L. por 13.000 euros. La prestación no sólo se centra en los denunciantes sino que los profesionales de la clínica también ofrecerán asesoramiento al personal de la Agencia para que estos dispongan de herramientas con las que tratar con los informadores, habitualmente también funcionarios.

El precio se ha calculado a raíz de 50 euros por sesión hasta para diez pacientes y con la previsión de hacer unas 15 al año. De ahí salen 7.500 euros, casi la mitad del coste. El resto se completa con reuniones del personal de la Agencia y los denunciantes y formación sólo para el personal del organismo especializado.

La contratación supone una novedad en la actuación desplegada hasta el momento por la Agencia. Uno de los ejes fundacionales de Antifraude ha sido la protección de las personas denunciantes. La Unión Europea también ha enfocado su acción en este sentido con una directiva adaptada el pasado año a la legislación española.

Pero, al margen de esa regulación, Antifraude ya había percibido la necesidad de este servicio por su propia experiencia. Personas que se vieron obligadas a recurrir a tratamientos a raíz de las situaciones generadas por sus denuncias. Hasta este momento, eso corría por cuenta del denunciado.

La Agencia ha estipulado en qué consistirá la asistencia a los afectados. Será un tratamiento de apoyo, personal y directo al denunciante, de forma telemática o presencial en la consulta del profesional, de un máximo de 15 sesiones, de entre 45 y 50 minutos de duración. En todo caso, esto cesará si el denunciante recibe también asistencia por parte de la sanidad pública.

Antifraude nació como imposición de Podemos, como una de las armas para limitar la corrupción. Desde su creación no ha dejado de recibir más denuncias cada año. La mayoría, alrededor de un 40%, centradas en procesos selectivos de personal. Un porcentaje muy reducido de comunicaciones, un 16%, llega a convertirse en una investigación por parte de los profesionales del organismo, según los datos del último ejercicio. La Agencia ha dado protección a 35 personas. El 68% de las personas bajo la cobertura de la Agencia son hombres frente al 28% de mujeres.

También se ha convertido en centro del debate político. Vox siempre ha mostrado reservas cuando no ha apuntado directamente por su disolución. El proceso para la sustitución de Llinares con un candidato de su máxima confianza -Gustavo Segura era su mano derecha- ha quedado paralizado. La elección de su sustituto no será un nombramiento pacífico.