Antifraude paraliza su investigación a Rius hasta que el juzgado resuelva la querella

VALENCIA. El juzgado número 7 de Instrucción de Valencia dio por recibida la semana pasada la comunicación de la Agencia Antifraude por la cual se le informa de que paraliza su investigación, que inició el pasado mes de junio. La Agencia remite su decisión al tribunal que investiga la querella del PP por los contratos fraccionados por el servicio externalizado de guías de la exposición permanente del MuVIM. Antifraude había iniciado un procedimiento de análisis de esa adjudicación que, al terminar en loz juzgados, se interrumpe hasta que el juzgado resuelva sobre la denuncia presentada por la portavoz popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, que ha propiciado que hayan sido investigados tanto los empresarios propietarios de la empresa adjudicataria como el diputado provincial y portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Xavier Rius, así como el director del MuVIM, Rafael Company.

Precisamente, hoy declarará el máximo responsable del principal museo de la Diputación de Valencia. Company está imputado en la causa desde el pasado 11 de diciembre. El director del MuVIM fue citado a declarar hoy en calidad de investigado, que es como actualmente se denomina a un imputado. A finales de noviembre, Rafael Company fue ratificado en el puesto a través de una comisión de valoración formada por funcionarios de la Diputación, que obvió el Código de Buenas Prácticas impulsado por la Conselleria de Cultura. No abrió un concurso público para cubrir las direcciones museísticas y se renovó la confianza en Company, el gran impulsor de la precipitada puesta en marcha (se ha tenido que abrir y cerrar en varias ocasiones por fallos técnicos) de la exposición que se clausuró en 2014 por el desfase de su contenido y su alto coste de mantenimiento. Company fue el creador de esta exposición y apostó por reabrirla, una intención que secundó el diputado Xavier Rius, que en diciembre de 2015 defendió la necesidad de retomar una actividad para la cual se contrató a una empresa mediante adjudicaciones menores (sin concurso) en las que se facturaba a través de la propia empresa y, a título personal, de sus propietarios, de manera alterna, lo cual fue considerado por la Intervención de la Diputación, una vez LAS PROVINCIAS desveló la situación, como un fraccionamiento de contratos. Las deficiencias a la hora de encargar ese servicio, así como las vinculaciones familiares entre los contratados y los responsables de la Diputación de Valencia, llevó al PP a presentar una querella en la que acusa a Rius de prevaricación.

Antifraude comunicó el pasado 21 de diciembre a través de un oficio remitido al juzgado de instrucción que paralizaba su investigación. Las diligencias puestas en marcha por la agencia podrían ser reclamadas por la investigación judicial a modo de pericial. Antifraude investigó durante medio año el procedimiento por el cual los responsables de la Diputación concedieron el servicio a través de contratos sin concurso.