Antifraude pide la autonomía de un ente estatutario y cambiar su ley antes de que cumpla un año

No siempre es el Gobierno central el que toma cartas en los asuntos del tripartito para enmendar sus leyes. A veces, como en el caso de la Agencia Antifraude, es la misma entidad la que pretende modificar la norma aprobada en Les Corts para su creación. No hace de eso ni un año.

La oficina que dirige Joan Llinares precisó de forceps para ver la luz. Su gestación arrancó con el inicio de la legislatura, hace ya dos años y medio. La Cámara aprobó su puesta en marcha a través de una normativa inicial fabricada desde los despachos de Podemos, pero que recibió enmiendas de todo tipo, así como negociaciones a múltiples bandas, lo que cristalizó en la normativa 11/2016 del 28 de noviembre. Y 345 días más tarde de aparecer la ley, el director de la Agencia, que tomó posesión del puesto el 30 de junio (hace de eso 131 días). Llinares considera que hay un desencaje entre lo que debe ser el ente y su naturaleza jurídica, además de no compartir el modo en que deben clasificarse los puestos de trabajo de su plantilla ni el modo en que se controlará su gestión presupuestaria. En realidad, se trata de recomponer la agencia y situarla en un escalón superior al actual, lo que supondría ganar en autonomía en todos los ámbitos de gestión.

Llinares quiere dirigir una institución, al igual que Vicente Cucarella hace con la Sindicatura de Comptes o Margarita Soler con el Consell Jurídic Consultiu, y no seguir al frente de una entidad de derecho público.

De esta manera, con el cambio de naturaleza jurídica, Antifraude alcanzaría las ventajas de los organismos estatutarios, las instituciones valencianas con capacidad para confeccionar sus propias plantillas, con sus propios complementos específicos, entes no controlados a través de la Intervención General de la Generalitat, sino de la Sindicatura de Comptes. Se convertiría, por todo esto, en una entidad mucho más independiente en cuanto a lo funcional y lo económico.

Antes de haber cumplido un año, Antifraude lograría una categoría legal del más alto nivel, una autonomía muy próxima a la que Podemos aspiraba dotarle cuando diseñó en 2015 su puesta en marcha, y que más tarde fue considerablemente rebajada a través de la negociación que tuvo que abrirse incluso en el propio seno del tripartito que firma el pacto del Botánico. No deja de ser curioso que Llinares pida ya, a través de una «propuesta modificación puntual» de la ley de creación de la oficina, una serie de modificaciones sustanciales tanto en el articulado que determina su naturaleza jurídica como el relacionado con los nombramientos, el presupuesto y el control de la Agencia. Se pretende cambiar tres artículos de los 30 que componen la normativa aprobada hace menos de un año, así como una de las tres disposiciones transitorias que incluye la ley.

Llinares considera necesario convertirse en institución similar a las entidades estatutarias (Consell Jurídic, AVL, Sindicatura de Comptes o de Greuges...), porque considera que las entidades de derecho público son propias del sector público instrumental, vinculado al Consell y a la gestión administrativa. Además, quiere que el modo en que deben clasificarse los puestos de trabajo de su plantilla dependa de la ley de función pública «sin perjuicio de la regulación que de forma específica pueda establecerse reglamentariamente por la agencia», y además, también pretende modificar el control presupuestario porque la agencia que no debería «estar sometida al régimen de intervención general de la Generalitat», sino depender de la Sindicatura de Comptes.