Antifraude se queda otra vez sin director de investigación

La Agencia Antifraude sigue arrastrando una notable falta de estabilidad. De nuevo, un puesto capital en el organigrama, como es el director de análisis e investigación, se queda vacante. Marcial González, agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abandona la institución por problemas burocráticos.

El propio director de la Agencia, Joan Llinares, lamentó ayer su marcha. Existen unos inconvenientes administrativos que impiden en la práctica que el guardia civil continúe en este puesto. El ministerio de Defensa, de quien depende González, no le concede la condición de servicios especiales por estar en Antifraude. En este caso su condición de agente le ha perjudicado, admitió Llinares. Un problema que no tienen el resto de funcionarios de la Administración General del Estado, según las mismas fuentes.

El descabezamiento del segundo escalón de Antifraude vuelve a trasladar la idea de que el organismo sufre una permanente interinidad. González fue fichado para dar un impulso definitivo a este departamento y, además, encargarse de una de las periciales más importantes hasta le fecha de la organización: el informe sobre los amaños en el caso del expresidente Eduardo Zaplana. Se desconoce el estado exacto de este dosier, solicitado hace casi dos años, que pretende hilar el amaño de las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos con el cobro de comisiones del exministro.

Llinares reconoció los problemas que lastran la consolidación de la plantilla. El actual director de análisis dejará su puesto antes de que termine este mes. El máximo responsable lanzará de nuevo un proceso de selección. No conviene olvidar las especiales dificultades que ha tenido Llinares para elegir un candidato para este puesto. De hecho, se encontró con la negativa de varias personas que fueron sondeadas para el puesto. Fue el caso, por ejemplo, de Macarena Olona, abogada del Estado y ahora diputada nacional por Vox.

El primer director de análisis e investigación fue un fichaje estrella de Llinares: Miguel Ángel Cervera, uno de los abogados de la Generalitat que ha intervenido en más casos de corrupción. Su salida fue traumática. No llegó a cumplir ni seis meses al frente del departamento. La enorme carga de trabajo, la falta de medios y la especial forma de trabajar de Llinares fueron los detonantes del fin de aquella experiencia, tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS. A esa marcha, le sucedieron la de otros responsables de la institución como el jefe de servicio de la Generalitat y Sector Público y el director de administración.

Antifraude arrancó por el compromiso de Podemos en la anterior legislatura. La formación morada exigió este órgano como muestra de su lucha contra la corrupción. Pero ni el PSPV ni Compromís lo han visto nunca como un instrumento necesario. Mucho menos PP y Cs, que lo han criticado por el aumento innecesario de la administración. La institución, que tiene tres millones de presupuesto depende de Les Corts y paga 10.000 euros al mes de alquiler porque la Generalitat no le ha ofrecido unas dependencias acordes a sus necesidades.

La Agencia, no obstante, quiere ampliar sus competencias. Recientemente, solicitó un cambio normativo para incorporar la puesta en marcha de una oficina de regulación y supervisión de la contratación del sector público.